Café para Todos
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, trabaja con ahínco para reelegirse en el cargo, pero no cuenta con todos los momios a su favor para lograr su cometido.
En algunas columnas políticas se habla de que su más importante puntal en apoyo a su permanencia, es el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
Sin embargo, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) -que parecía estar dispuesto a respaldarlo incondicionalmente-, de pronto se dividió y ahora ya no son muchos los que apuestan a su favor. Inclusive se habla de que ni siquiera entre los calderonistas cuenta con la adhesión suficiente.
La sobrina del ex presidente Felipe Calderón -Mariana Gómez del Campo- está a su lado, pero sus compañeros creen que debe excusarse de participar en la votación porque es la madrina de uno de sus hijos, es decir, es su “comadre”.
Plascencia Villanueva ha venido siendo cuestionado por múltiples frentes, lo que reflejaría que no cuenta con el consenso suficiente para lograr un segundo período.
El más reciente señalamiento fue la publicación en el diario Reforma, de una fotografía de la mansión de 3 pisos que se construyó en la exclusiva colonia Pedregal de San Ángel de la ciudad de México, en un terreno de casi 800 metros cuadrados que tiene un costo de 20 millones de pesos.
El director general adjunto de la CNDH, Saúl López Lavín, protestó por esta nota publicada por el diario Reforma y dijo que esa información corresponde a “una campaña que más que responder a argumentos informativos parece responder a revanchas políticas”.
“Lo más grave del asunto es que lo ponen a él y a su familia (esposa e hijos) y a su integridad personal en riesgo y como blanco de la delincuencia”, afirma.
Según López Lavín, el diario publicó “información personal que podría afectar la integridad física” de Plascencia Villanueva por en el marco de “una campaña de intimidación y de uso político de esa información” con motivo del relevo en el organismo autónomo.
Tal vez López Lavín tenga razón en cuanto a poner en riesgo la integridad física de Plascencia y familia, al dar a conocer la adquisición de su nueva morada; sin embargo, este funcionario está obligado por ley a dar respuesta sobre cualquier información que se le requiera y hasta donde se sabe, a la fecha no ha respondido cómo logró hacerse de una propiedad muy por encima de su sueldo.
El ombudsman se hace la víctima porque hay otros funcionarios que están más expuestos a ser blanco de la delincuencia al desempeñar trabajos realmente peligrosos, en zonas donde operan las grandes bandas del crimen organizado y no se quejan. Además habría que preguntarle cómo es posible que ganando unos 130 mil pesos al mes pudo comprarse una vivienda tan costosa.
A ese respecto, habrá que recordar que Plascencia Villanueva se ha negado a hacer pública su declaración patrimonial, pese a que está obligado a presentarla, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala claramente:
“De conformidad con en el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, tienen la obligación de presentar declaración de situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP):
En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República.
La SPF contempla también una multa para aquellos funcionarios que no presenten su declaración patrimonial en tiempo y forma e incluso puede llegar hasta la inhabilitación.
Al supuesto defensor del pueblo ya se le ha señalado por recibir sin permiso del Congreso una condecoración del gobierno de Taiwan, el pasado 12 de mayo. Se ha vanagloriado del doctorado Honoris Causa que le otorgaron la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Coahuila, y de un busto en su honor; su nombre ha sido impuesto a un auditorio y también a cátedras universitarias.
Hoy que está a punto de dejar su cargo, es obvio que le lluevan las críticas porque es un funcionario público, pero más aún porque parece ser que ha estado autopromoviendo un auténtico culto a la personalidad del ombudsman.
Dice un dicho que quien no quiera quemarse que no se meta a la cocina, pero hay políticos que quisieran caminar sobre brasas y salir indemnes como si fueran faquires.
Uno de los más duros críticos del ombudsman es sin duda el académico del Colegio de México Sergio Aguayo, quien para empezar cuestiona que cada año se destinen más fondos a organismos públicos de derechos humanos como la CNDH, y sin embargo se vive el contrasentido de que “cada año crece el número de víctimas”.
Aguayo señala que, entre 2009 y 2013, 12 organismos federales recibieron 28 mil 553 millones de pesos y durante ese mismo periodo casi se duplicaron las recomendaciones (de 91 a 176) de las Naciones Unidas al gobierno mexicano por faltas graves en la protección de derechos humanos.
BUROCRATISMO Y OPACIDAD EN LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El investigador no oculta su indignación por la “falta de compromiso, su burocratismo y su resistencia a rendir cuentas” de la CNDH.
Recuerda que en 2003, por ejemplo, se negó a participar y boicoteó el primer diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que elaborara la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Hace notar también que emitió una recomendación “mal hecha e incompleta” en diciembre de 2013, sobre el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, porque no quisieron convertirse en sicarios.
El problema mayor fue que este trágico acontecimiento se registró en agosto de 2010. Es decir, se tardó nada más 3 años y 4 meses para reaccionar ante un hecho tan estremecedor.
Como dice Aguayo, el documento está hecho con los pies pues “no califica esos actos como violaciones graves, tampoco considera a los familiares como víctimas ni decreta medidas de reparación para ellos y en ningún momento habla de las circunstancias y razones por las que en México se agrede a migrantes”.
Ane esa circunstancia, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático (FJED), en representación de familiares de migrantes asesinados, interpuso un amparo indirecto contra la CNDH el 15 de enero pasado.
Lo admitió el juez décimo primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Agustín Tello Espíndola, quien atendiendo la reforma en materia de derechos humanos, ordenó a la CNDH rendir un informe justificado.
La CNDH interpuso una queja contra de la admisión del amparo, pero se basó en la reforma constitucional sobre derechos humanos anterior a la actual, como si el área jurídica de la comisión estuviera integrada por puros novatos.
Para Aguayo, lo lamentable es que “la CNDH no le rinde cuentas a nadie”, aunque se supone que la Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene la obligación de supervisarla, pero nunca la ha evaluado, a pesar de que la encabeza la senadora perredista Angélica de la Peña.
La FJED pidió al senado que llamara a comparecer a Plascencia Villanueva a fin de que explicara por qué razón hizo una recomendación tan mal elaborada sobre el tema del asesinato de los 72 migrantes.
No obstante, el funcionario nunca fue llamado a cuentas porque no hubo consenso entre los senadores, que lo han apapachado, mimado y mostrado una inusual actitud obsecuente con el ombudsman.
Sergio Aguayo sospecha que esa situación se debe a que el defensor del pueblo es protegido por poderosos senadores como Manlio Fabio Beltrones. Es increíble que la CNDH se haya convertido -en palabras del académico- en “un trasto caro e inútil”.
Hace unos días, algunos activistas sociales organizaron una protesta frente a la sede del organismo para protestar por la “tibia” e “ineficiente” actuación de Raúl Plascencia en casos tan emblemáticos como los de Tlatlaya e Iguala.
“Raúl Plascencia no debe, bajo ninguna circunstancia, ser reelecto, es más, debería irse ya”, señalaron las ONGs.
El proceso sucesorio del titular de la comisión ya se ha echado a andar. Aunque con una semana de retraso, las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado aprobaron la semana pasada por unanimidad la convocatoria para elegir al presidente de la CNDH.
El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, pidió “piso parejo” para todos los aspirantes. La elección del nuevo ombudsman nacional debe realizarse antes del 15 de noviembre, cuando termina su encargo Raúl Plascencia. Convendría entonces que se analizara exhaustivamente si es pertinente su permanencia o se requiere un funcionario que demuestre mayor compromiso con los derechos humanos, ahora que el tema es tan actual a la luz de los acontecimientos en Iguala.
GRANOS DE CAFÉ
Al clamor nacional e internacional que exige la renuncia del gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero, desde el Senado de la República se sumaron ayer PRI y PAN, quienes -de la misma forma en que lo hizo Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en la Cámara alta- conminaron al todavía mandatario estatal a dejar el cargo. Hasta hoy, el mandatario de Guerrero sólo cuenta con el incondicional respaldo del dirigente nacional del Sol Azteca, Carlos Navarrete, quien intenta impedir lo que al parecer es ya inevitable.
Más allá de nuestras fronteras, diversos organismos internacionales han hecho patente su repudio a la violación de los derechos humanos, indignados por el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Y no obstante este repudio de propios y extraños -y de los violentos hechos como la quema del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, el Congreso estatal y la sede del PRD en la entidad-, la agónica respuesta del gobernador no varía y se niega a aceptar que los guerrerenses lo quieren fuera de Casa Guerrero.
Pese a que él mismo está a favor de la salida de Aguirre Rivera, Miguel Barbosa, se vio obligado a detener la votación que ya se preparaba en la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación para dictaminar jurídicamente la desaparición de poderes en Guerrero.
En su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, Barbosa, solicitó un receso y se declarara a la Comisión en sesión permanente, para reevaluar si las condiciones en Guerrero realmente son de verdadera ingobernabilidad.
Sin embargo, en el fondo esta estrategia sólo pretendió ganar tiempo para que el propio gobernador Aguirre Rivero solicite licencia, y no sean los legisladores quienes lo echen del cargo,
Independientemente de este hecho -que mantiene la tensión en el gobierno federal-, los argumentos esgrimidos por priistas y panistas no carecen de sustento, y a pesar de que Pablo Gómez pretendió llevar las omisiones políticas locales al marco federal, lo cierto es que el directamente responsable de la descomposición social en Guerrero es, en primera instancia, el propio gobierno estatal que fue incapaz de identificar oportunamente las alertas en varios de los organismos de seguridad de municipios que -hoy reconoce-, están infiltrados por el crimen organizado.
Naturalmente, habrá que esperar el desenlace de este hecho vergonzoso, que por principio de cuentas exige la rendición de cuentas del gobernador Aguirre Rivero, a quien muchos le anticipan pocos días en el cargo…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]
