¡Otra vez el Tribunal Electoral!
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán nuevamente es escenario de acusaciones de corrupción por parte de uno de los responsables de impartir justicia electoral. No es la primera vez que sucede una acusación de esa naturaleza al interior de ese órgano jurisdiccional, previo al inicio del proceso electoral del 2011, hubo señalamientos hacia uno de los integrantes del pleno.
El nuevo acusado es el magistrado Jorge Alberto Zamacona, quien ha sido señalado por personal del tribunal adscrito a su ponencia (Uriel Iván Chávez y Agustín Gómez), por presuntamente cobrarles cuota de su salario y prestaciones, con la finalidad de permitirles trabajar en el tribunal, y cuyos recursos al parecer le son entregados a una empleada de confianza del magistrado acusado.
Los denunciantes han solicitado la intervención de la presidente del tribunal, María de Jesús García, pero ha sido omisa, no ha ordenado ninguna investigación, procedimiento administrativo, ni mucho menos jurídico, lo que pudiera parecer que tiene como propósito proteger al acusado, dejando en total estado de indefensión a los empleados y validando de facto la extorsión.
El actuar del tribunal en las elecciones y en sus actividades cotidianas ha dejado mucho que desear, es un órgano que se hace grande en los asuntos chiquitos, (como las resoluciones sobre la ubicación de propaganda en postes o espacios públicos), pero se hace chiquito en los asuntos trascendentes (como la actual ilegal campaña del PAN, en la que negaron medidas cautelares, pese a existir videos donde los dirigentes de ese partido afirman que la campaña es para obtener el voto en el 2015).
No se pueden olvidar tampoco los discursos de los señores magistrados, cuando defendieron a ultranza la elección "ganada" por Fausto Vallejo, labor que les mereció en ese momento severas críticas por parte de perredistas y panistas, mismas que se han prolongado y se han robustecido al día de hoy.
Es urgente recomponer esa institución, es del dominio público que los actuales magistrados se deben a componendas partidistas, y es ese origen lo que ha provocado el protagonismo y la descomposición de ese órgano, puesto que los propios magistrados resultan ser políticos tradicionales, lo que ha ocasionado que el tribunal esté alejado del interés social y cercano a los intereses personales y de quienes designan a los magistrados.
Los michoacanos no podemos ser omisos de esos asuntos, se trata de temas públicos que involucra recursos públicos, pero además se trata de acusaciones de actos indebidos ejecutados por individuos que tienen en sus manos la impartición de justicia, la validez de las elecciones, la democracia, la voluntad popular y la legitimidad del poder. Órganos como ese, no pueden, ni deben estar secuestrados por los partidos políticos, ni los políticos tradicionales, debemos exigir funcionarios con calidad moral y de probada honestidad.
