Proponen que SSA y DIF supervisen y evalúen casas hogar
MORELIA, Mich., 4 de agosto de 2014.- Casos como “Casitas del Sur”, “Los Niños de Colores” o el reciente de “La Gran Familia” dejan en evidencia que las autoridades no se han encargado de supervisar e inspeccionar el funcionamiento de los llamados centros de asistencia social, advirtió la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza).
La legisladora mexiquense consideró que algunos de estos lugares destinados a niños en situación de calle, gente pobre o adultos mayores, entre otros, “operan como redes de delincuencia que propician y permiten la vulneración de los derechos humanos de quienes acuden por ayuda”.
Las casas, albergues, centros u orfanatos de asistencia social “no pueden seguir operando de la manera en que lo hacen. Como sociedad, no podemos seguir dejando a nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en manos de quienes actúan maliciosamente al margen de la ley”, sostuvo.
Por tanto, promueve una punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a supervisar la operación de las “casas cuna, casas hogar o casas de asistencia social”, así como evaluar y dar seguimiento a los servicios sociales y de salud que presten.
Integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, Garfias Gutiérrez recordó que en el caso de “Casitas del Sur” se presume la comisión de delito de tráfico de menores, registrándose la desaparición de catorce niños, de los cuales, desde 2009, siguen sin ser rastreados ocho.
En “Los Niños de Colores”, continuó, fueron cometidos los ilícitos de trata de personas y tráfico de órganos, en agravio a menores indefensos y a merced de sus cuidadores. Más recientemente, en el caso de “La Gran Familia”, se supo que cientos de niños fueron rescatados de situaciones de maltrato, privación de la libertad, explotación laboral y abuso sexual, según señalan las autoridades.
Ante la innegable impunidad con que operan las casas de asistencia social, acusa la legisladora, es menester cuestionar el papel de las autoridades encargadas de estos centros. “¿No debieron detectarse oportunamente las irregularidades en estos casos?”, enfatiza.
Asimismo, Garfias Gutiérrez opina que en virtud de que la Secretaría de Salud y el DIF son las autoridades responsables de coordinar el Sistema Nacional de Información en materia de asistencia social, se debería contar con un directorio nacional de las instituciones públicas y privadas de asistencia, así como un amplio censo sobre los menores ubicados en tales centros, con datos como nombre, edad, fecha de ingreso y si cuentan o no con familiares.
Frente a los referidos casos, “todas las disposiciones legales vigentes resultaron inoperantes”, subraya la legisladora, por lo que, asegura, es necesario fortalecer las acciones de asistencia social que realizan los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para que todas y cada una de ellas se realicen de conformidad con lo que disponen las leyes.
Particularmente, “poniendo énfasis en el control y supervisión de instalaciones y beneficiarios, así como como en el uso de los recursos públicos que operan con la finalidad de logar calidad en la atención y asegurar el trato digno y respeto irrestricto a los derechos fundamentales de quienes tienen la necesidad de ingresar a estos albergues”, concluye.
La iniciativa con punto de acuerdo de Lucila Garfias Gutiérrez fue presentada ante la Comisión Permanente, y turnada a la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia), para su análisis y discusión.
