Impide falta de capacitación aplicación de nuevo sistema penal

MORELIA, Mich., 18 de julio de 2014.- La falta de capacitación y desconocimiento del nuevo sistema penal acusatorio por parte de ministerios públicos, peritos y policías, en la mayoría de los estados del país, impiden su total aplicación; incluso, existe confusión en torno a los procedimientos institucionales, lo que mantiene vigente al sistema tradicional, afirmó la diputada Ana Isabel Allende Cano (PRI), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.

De acuerdo a un boletín de prensa, al inaugurar el foro “La Trilogía: Policía, Ministerio Público, Perito y su debida actuación en el Sistema de Justicia Penal en México”, la legisladora destacó que el sistema acusatorio adversarial o juicios orales, debe estar en funciones en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 2016.

Mencionó que a pesar de que en varias entidades ya se ha implementado el nuevo sistema, en los hechos no se aplica correctamente porque el personal judicial, ministerial, policial y pericial carece de información, capacitación, o bien, están en la confusión de qué sistema deben aplicar. Estamos, dijo, “en un periodo de transición difícil”.

Allende Cano indicó que el foro tiene la intención de allegar información, sentar bases y fundamentos jurídicos a jueces, ministerios públicos, policías, peritos y ciudadanía, desde un punto de vista práctico respecto de la reforma constitucional aprobada en 2008.

“Es un foro dirigido a los servidores públicos que aplicarán el nuevo sistema acusatorio adversarial. Pretende dar a conocer, mediante el análisis de casos reales, el fundamento de los ordenamientos jurídicos relacionados con los procedimientos encontrados en los juicios orales, así como la aplicación de métodos forenses en la investigación policial”, dijo.

Durante el desarrollo del foro, los participantes abordaron los temas relacionados con la criminalística en el juicio oral y la debida actuación de los peritos y del ministerio público en torno a la etapa de investigación, así como de la policía dentro del sistema de justicia penal.

A nombre de la Procuraduría General de la República (PGR), el perito en incendios, explosiones y explosivos, de la Dirección de Servicios Periciales, Francisco Javier Paliado Velasco, advirtió que el cambio hacia el nuevo sistema penal acusatorio “no es fácil”, por la falta de personal e insumos suficientes.

Se tienen sólo dos equipos de alta tecnología, pero se requieren más para abarcar la carga de trabajo; además, porque los juicios orales exigen que los peritos dictaminen de forma científica y se apeguen a los protocolos de investigación, precisó.

La capacitación, especialización y actualización son fundamentales para garantizar que se cumplan los requisitos en el nuevo sistema, cuya vigencia a nivel nacional será a partir del 2016, agregó.

Por su parte, el perito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Mauricio Mercado Manrique, sostuvo que uno de los retos de la reforma de junio de 2008, será aumentar los recursos para adquirir equipo y abrir nuevas plazas especializadas, ya que a la mitad de las investigaciones se agota el presupuesto.

Destacó que las nuevas facultades de los policías en la recopilación de pruebas implicarán un doble gasto de las instituciones, las cuales no han definido las soluciones, con lo que la transición es complicada, dijo.

Urgió a desarrollar programas de especialización, condición indispensable para garantizar que los peritos cuenten con conocimientos suficientes, ya que el nuevo sistema “exige un mejor desempeño del perito, al intervenir en dos etapas: por escrito y como testigo en los juicios orales”.

El ministerio público de la Fiscalía Regional de Texcoco, Estado de México, José Luis Parra Millán, refirió las bondades del nuevo sistema acusatorio, como la justicia alternativa, para descongestionar el proceso; la intervención de la víctima; la propuesta de actos de investigación; la acción penal privada; el asesor jurídico de la víctima, la transparencia y agilidad del nuevo marco.

Explicó que en el proceso del juicio oral, el juez escucha directamente los argumentos de las partes, en un control horizontal desde la primera audiencia pública y videograbada, y privadas, cuando se trata de menores de edad o por delitos sexuales para evitar la revictimización.

El sistema ha propiciado en el Estado de México que el 90 por ciento de los asuntos sean resueltos sin juicio dentro de los mecanismos alternativos de justicia.

El ministerio público del Sistema Acusatorio y Oral en Tlalnepantla, Estado de México, Arturo Avelino García Morales, afirmó que el nuevo esquema “no está funcionando de la manera que debiera, ya que se usan muy poco las alternativas para descongestionar y agilizar el proceso”, luego de su vigencia a partir de enero de 2009 a nivel estatal.

Lo atribuyó al resabio del sistema tradicional, ya que se judicializan los casos sin importar la clase y eso satura las salas con 80 audiencias al día y 20 jueces que las atienden. Manifestó preocupación por la falta de capacitación de policías y las nuevas facultades que tendrán para recabar evidencia.

Advirtió que este esquema penal exige a todos los operadores jurídicos –defensores, peritos y ministerios públicos- un alto grado de profesionalización y compromiso. En delitos de violación o de relevancia sí ha beneficiado el juicio oral, “se ha visto la justicia en vivo”.

El doctor en derecho, Sergio Iván Torres Bravo, comentó que la parte más débil del sistema de justicia es la policía, la cual en su mayoría carece de capacitación y cada vez se le aplican nuevas responsabilidades penales. “Las policías deben estar facultadas para discernir entre lo que es un delito federal o del fuero común, diferenciar entre un delito y una falta administrativa, lo que actualmente no existe”.

Mencionó que el Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado en este año, obliga a las corporaciones policiacas a coadyuvar en la investigación científica de los casos y a defender su trabajo mediante juicios orales.

Las policías serán las responsables de presentar al presunto responsable de un delito, procesar en el lugar de los hechos, preservar, evaluar y custodiar las evidencias que serán llevadas como prueba al juicio, acudir a declaratorias e interrogatorios y, si se equivocan, las responsabilidades serán penales.

Resaltó que las policías estatales y municipales ganan en promedio cinco mil pesos mensuales y tienen una escolaridad de secundaria. “¿Cómo podemos darles esas responsabilidades? El reto es su preparación académica y su capacitación, pero en dos años es muy difícil lograrlo”.

En su participación, Román Sánchez Zamora, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, habló sobre temas de rendición de cuentas e índices de percepción de corrupción. Resaltó que México se encuentra en el lugar 105, de acuerdo a transparencia internacional.

Destacó que lo correcto es realizar políticas preventivas y no correctivas, y que las primeras deben empezar desde la educación a los niños y habituarlos a términos como “trasparencia” y “buenas prácticas”.

Finalmente, la diputada del PRD, Joaquina Navarrete Contreras, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, propuso hacer a un lado la ideología y los colores partidistas para servir a los ciudadanos, porque han perdido la confianza en las autoridades, lo cual, dijo, es preocupante.

No obstante, agregó, el fenómeno de la delincuencia es mundial, por lo que “no debemos espantarnos, mejor ocupémonos para resolverlo y salir a las calles con confianza”.

Concluyó que es urgente construir leyes para apoyar a la policía y ministerios públicos, además de que en el combate a la delincuencia, participen todos los sectores, mediante el rescate de valores y principios en la familia, a fin de prevenirla.