Carece el campo de un sistema financiero integral
MORELIA, Mich., 17 de julio de 2014.- El director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Juan Carlos Cortés García, destacó la importancia de avanzar hacia un sistema financiero rural integral que disminuya la tasa de interés, amplíe el crédito a largo plazo y proporcione productos financieros especialmente adaptados a las condiciones productivas.
Un sistema, indicó, que abarque los servicios de préstamo, garantía, cobertura, seguro de almacenaje, financiamiento y capital de riesgo, pues algunos factores que limitan el desarrollo productivo son la inversión estancada y el escaso crédito.
Por otra parte, comentó que la demanda de alimentos ha aumentado debido al crecimiento poblacional; sin embargo, la producción interna no avanza al mismo ritmo debido a la limitación del crédito que existe actualmente, entre otros factores, por lo que el país importa 32 por ciento de los productos agropecuarios que requiere el consumo nacional.
En su intervención, el vicepresidente de la coordinación del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Alfonso Cebreros Murillo, aseguró que para atraer la inversión privada en México es necesario crear un esquema financiero de fomento que apoye a los minifundios en unidades productivas viables; ejecutar paquetes tecnológicos modernos, y adquirir servicios estratégicos en capacitación de personal y gerencial, información de mercados y asistencia técnica.
Precisó que el sistema financiero requerirá de una transformación industrial y renovación de recursos humanos; crédito innovador; mecanismos que impulsen a las pequeñas y medianas empresas; focalizar la asignación de recursos de fomento; modernizar los sistemas jurídicos de gestión y de información, y aumentar la participación de intermediarios financieros.
El presidente del sector de Bienes de Capital de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Roberto Cámara González, propuso generar un modelo de política agroindustrial que favorezca la capitalización de los productores y la movilidad en la transferencia de los factores productivos.
Además, fomentar las exportaciones y apoyar a los productores con capacidad de penetración del mercado e impulsar la productividad en las actividades agropecuarias bajo la premisa de que es necesario ampliar el crecimiento de los ingresos reales de los productores del campo en proporción a los grandes agregados macroeconómicos, para propiciar la reconstitución del mercado y el consumo interno.
“Nuestro objetivo es transitar de la noción de actividades primarias al concepto de agroindustria, como un sector de alta productividad capaz de asimilar recursos públicos y privados”, dijo.
El representante de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Diego Valderrábano Hernández, resaltó que el crédito al sector privado en México es bajo, ya que representa tan sólo el 27.9 por ciento en relación con países como China, Chile, Brasil, India y Rusia. En el mercado rural, el 80 por ciento de los productores no pueden demostrar capacidad de pago, afirmó.
Por ello, continuó, se requiere simplificar las reglas de operación de los programas de gobierno; mejorar los sistemas de información sectorial; realizar acciones para productos y programas en mitigación de riesgos; optimizar esquemas de cobertura de precios y operarlos vía Banca de Desarrollo; promover el establecimiento de una bolsa agropecuaria, e intensificar el uso de factores de producción como el agua y la tierra.
La titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), Enriqueta Molina Macías, aseguró que a través de las semillas se puede garantizar la seguridad alimentaria regional, por lo que propuso establecer un plan nacional de semillas que incluya un marco adecuado y sencillo, acorde con la realidad del sector, políticas y acciones diferenciadas por región.
Consideró necesario facilitar el acceso a las mejores semillas a los agricultores para mejorar la productividad y sanidad, mejorar el control sobre origen y calidad de las mismas, disponer de variedades con mejor adaptación, resistentes a plagas y enfermedades y con un mejor contenido nutricional, así como custodiar bases genéticas.
Destacó que en el caso del maíz, se ha incrementado la producción de semillas certificadas, cuya calidad y genética con que fueron obtenidas es garantizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). “De tal manera que hoy un promedio de entre el 45 y el 50 por ciento (de la producción del maíz) se cubre con semillas certificadas”, dijo.
En representación de Roberto Fraile Ortega, presidente de la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC), Mario Puente Raya, propuso definir e implementar una política nacional de semillas con reglas claras y fortalecer con presupuesto el SNICS para el crecimiento de la industria.
Ademá, unificar los fondos vinculados con semillas, implementar el sistema nacional de semillas y actualizar la Ley de Variedades Vegetales para generar certidumbre jurídica en la investigación.
Destacó que los productores de granos trabajan junto al SNICS para para combatir la competencia desleal de las “semillas piratas” que afecta la industria formal.
En su turno, el investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Juan Manuel Cortes Jiménez, dijo que actualmente el 45 por ciento de la superficie nacional de la tierra cultivable se encuentra con algún nivel de degradación, lo que disminuye su capacidad productiva, por lo que recomendó incrementar la producción con procedimientos que reduzcan el impacto negativo en la agricultura y el medio ambiente.
Propuso crear una estrategia nacional que establezca un sistema de información sobre las condiciones que presenta el parque nacional de tractores; determinar la cantidad de energía necesaria para la siembra de hectáreas; diseñar, fabricar o importar tractores e implementos que requiere la agricultura; fortalecer la labranza de conservación mediante un subsidio a las sembradoras y aplicar un programa de transferencia tecnológica.
En su intervención, Manuel Bravo Pereyra, presidente de Monsanto Latinoamérica Norte, aseguró que para garantizar la soberanía alimentaria se deben mejorar las prácticas agrícolas, procurar el uso de la semilla con biotecnología y utilizar cultivos con alto impacto social.
“Establecer un plan integral para todo el sector, buscar un mayor número de alianzas público-privadas y modernizar instituciones de investigación y desarrollo, con el fin de generar la tecnología y conocimiento que requiere el país y sus agricultores”, expresó.
Al mismo tiempo, abundó, crear marcos regulatorios consistentes que permitan el acceso a mejores tecnologías, desarrollo, inversión e innovación en el campo.
En su participación, el director general adjunto de investigación y desarrollo en Agroasemex, Ricardo Mercado Garibay, resaltó la necesidad de consolidar el seguro agropecuario como el instrumento de la política de administración de riesgos.
Por lo anterior, propuso que el gobierno federal asuma un papel rector en la definición de los seguros de modo que se haga más eficiente la transferencia del riesgo.
“Revisar los subsidios que se asignan para fomentar los seguros; mejorar el servicio de coberturas a fin de proteger el ingreso de productores; incorporar a los centros de investigación públicos y privados para robustecer análisis del cambio climático; mejorar la calidad de información, y crear mecanismos de bases de datos en favor de mejores seguros para el campo”, detalló.
Expuso que Agroasemex desde el año 2001 ha contribuido al desarrollo del mercado de los seguros comerciales y catastróficos, que hoy son un modelo en materia de administración de riesgos y dan certidumbre al productor para el desarrollo de su actividad económica.
