Dos mil 500 víctimas de secuestro, representadas por defensores públicos
MÉXICO, DF., 15 de julio de 2014.- Para atender los efectos de uno de los delitos de mayor impacto social, como es el del secuestro, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), cuenta con un área especializada que en poco más de tres años ha brindado de forma gratuita dos mil 564 servicios de representación jurídica, asesoría y orientación a víctimas de este ilícito y a sus familiares.
Dicho órgano auxiliar del CJF establece que el secuestro es considerado uno de los delitos que más lastima a la sociedad, pues afecta a personas de cualquier nivel socioeconómico.
El Instituto cuenta con un cuerpo especializado y multidisciplinario de asesores jurídicos federales que prestan el servicio de representación jurídica de manera completa e integral a los afectados, haciendo valer sus derechos como víctima, ofendido o testigo del delito de secuestro.
Así, el Instituto Federal de Defensoría Pública cumple con la obligación constitucional de contar con un área especializada encargada de la defensa integral de las personas que son víctimas, ofendidos y/o testigos de dicho delito sin importar el nivel socioeconómico, nacionalidad o condición social.
Desde el 11 de abril de 2011, el IFDP creó dicha área especializada, que desde su entrada en funciones, han prestado el servicio de representación jurídica de manera completa e integral.
Los asesores están obligados en cada juicio en que deban intervenir a explicar las etapas y consecuencias legales de cada procedimiento; los asisten en cada una de las diligencias en las que tengan que intervenir y ejercitan todas las acciones que prevén las leyes ante los órganos de procuración y administración de justicia.
Los asesores jurídicos del IFDP, han garantizado su efectividad a través de diversas acciones realizadas tanto con la interposición de recursos legales ordinarios, como en la promoción de juicios de amparo.
Durante el proceso penal estos servidores públicos garantizan que se mantengan en reserva los datos personales e identidad de las víctimas, para lo cual se ha logrado que las diligencias en que participan las mismas, se realicen a través de videoconferencias sin que se muestren sus rostros a los procesados.
De igual forma, y en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el servicio prestado por los especialistas del IFDP, se extendió a menores de edad que tienen el carácter de víctimas de cualquier delito en un proceso penal federal.
Es de recordar que para la atención de este fenómeno delictivo, se expidió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, publicada el 30 de noviembre de 2010, con el objetivo de establecer la distribución de competencias y coordinación entre la federación, las entidades federativas, Distrito Federal y los municipios.
Dicha Ley, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 constitucional, busca prevenir, sancionar y combatir el delito de secuestro, así como implementar los tipos penales y sanciones de aquellas conductas que atenten contra la seguridad, libertad personal y la vida de las víctimas que padecen la comisión de ese ilícito.
De esta manera, dado que el servicio de asistencia a víctimas de dicha instancia se encuentra en proceso de integración, el Consejo de la Judicaturas Federal determinó que se continuara con la atención a las víctimas de este delito, con la finalidad de no dejarlas en estado de indefensión, garantizando así sus derechos humanos, y con base en el principio pro persona, al que obligan las reformas constitucionales y los tratados internacionales.
