Urgen nuevo marco legal para procuración de justicia ambiental
MÉXICO, DF., 5 de julio de 2014.- Además de un rediseño institucional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) requiere de un nuevo marco legal que dé paso a una efectiva procuración de justicia pronta y expedita, por lo que la dependencia ya trabaja en un Código General Ambiental, un Código Procesal Ambiental Único, así como en una Ley Nacional de Responsabilidad Penal Ambiental.
Así lo estableció su Titular, Guillermo Haro Bélchez, al concluir la Segunda Reunión Nacional de Delegados del Sector Ambiental organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), donde reconoció que en la actualidad la PROFEPA aplica 6 leyes ambientales de jurisdicción federal y 10 reglamentos, situación que complica la aplicación de la legislación en la materia.
En su exposición, Haro Bélchez refirió que la Procuraduría ya cuenta con un avance importante sobre los tres documentos antes mencionados, con los cuales se enfrentará la diversidad normativa que existe en el país en materia ambiental.
Explicó que el objetivo de la Ley Nacional de Responsabilidad Penal Ambiental es crear una legislación que defina lineamientos de política criminal, de investigación, persecución, procesamiento, y ejecución, tal y como lo dispone ya la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
“No tenemos políticas criminales ambientales en el país y las que existen son mínimas; hay dispersión en figuras delictivas y por lo tanto la aplicación de la ley no es ejemplar, oportuna y única para conductas similares”, apuntó.
Añadió que con la nueva Ley se busca definir lineamientos de políticas de Seguridad Pública Ambiental; alcanzar una distribución de competencias más claras entre la Federación, los estados y los municipios; medios alternativos de solución de controversias; un catálogo de delitos homogéneos para todo el territorio nacional; así como un diseño institucional de largo alcance en materia de justicia penal ambiental.
El Titular de la PROFEPA destacó la importancia de este esfuerzo, tomando en cuenta que en breve entrará en vigor el nuevo Derecho Penal Acusatorio, lo que significará un cambio radical en la tramitación de todos los procedimientos penales, al pasar a la oralidad de los mismos.
En este contexto, puntualizó que la Procuraduría emprenderá un ambicioso proceso de capacitación de sus inspectores y abogados, el cual iniciará el próximo 21 de julio en Mérida, Yucatán.
Haro Bélchez hizo un recuento de las acciones emprendidas por la PROFEPA y de los retos que tiene la institución hacia adelante, entre los que destacó, inspeccionar las 1, 592 minas que existen en el país en 16 entidades federativas y conseguir que el 100 por ciento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean “voluntariamente verdes”, es decir, que se sumen al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA).
Asimismo reconoció que existe un rezago histórico en materia de procedimientos administrativos de responsabilidad, toda vez que existen alrededor de 4 mil expedientes inconclusos.
Finalmente el Procurador Federal de Protección al Ambiente planteó la necesidad de hacer uso de instrumentos legales como las Acciones Colectivas, las Recomendaciones y especialmente la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, “misma que no se ha utilizado a pesar de las grandes bondades que representa”.
