Pide Comisión de Cotzocón liberar a sus presos para iniciar diálogo

SAN JUAN COTZOCÓN, Oax., 27 de junio de 2014.— Una Comisión de 14 pobladores que está como responsable de la autoridad en este municipio de la Sierra Mixe, donde el pasado 11 de junio un enfrentamiento con la policía dejó como saldo nueve muertos, pidió la liberación de tres detenidos para comenzar el diálogo con el gobierno de Oaxaca.

A nombre de la Comisión, Romeo Mateos Guzmán y Donaciano Pacheco Felipe, aseguran que los delitos por los que detuvieron a Nivardo Inocente Toledo, Simón Reyes Díaz y Olegario Mateo Guzmán, no han sido comprobados.

“El Ministerio Público nos dijo que no se comprobaron los delitos, pero que no pueden liberarlos porque tienen órdenes de más arriba de retenerlos porque es un asunto político”, contó Romeo Mateos, entrevistado en una de las oficinas del palacio municipal.

Además de la liberación de los presos, piden la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los pobladores, entre ellas, la de Gorgonio Tomás Mateo, a quien reconocen como autoridad comunitaria.

También solicitan el retiro de la fuerza pública, ya que consideran que su presencia no es necesaria y causa miedo a los pobladores de Cotzocón, que tratan de llevar una vida normal después de lo ocurrido el 11 de junio.

De igual forma, piden que después de la liberación de sus compañeros y la cancelación de las órdenes de aprehensión, sean restablecidos los servicios que fueron detenidos desde la incursión policial, como las clases en las escuelas.

“La policía tiene tomada la escuela, los niños son los que sufren más porque no pueden salir de sus casas, apenas oyen un ruido y se esconden debajo de la cama”, expuso.

Entre sus peticiones también está el regreso de los 174 pobladores que decidieron dejar su comunidad para instalarse en un albergue de la ciudad de Oaxaca.

Los integrantes de la Comisión aseguran que los bienes de quienes dejaron Cotzocón están intactos y no fueron saqueados, como se ha denunciado; no hay razón para que no retornen a su comunidad, mencionan.

Aunque consideran que en este grupo de pobladores que dejó el municipio están quienes señalaron los domicilios de las personas que tenían órdenes de aprehensión, aseguran que no tomarán represalias en su contra.

“Nosotros estamos olvidando todo eso”, y citan el ejemplo de un joven llamado Rigoberto: “El iba con el grupo señalando a nuestros paisanos y ya regresó, aquí está y nadie le ha dicho nada ni ha recibido ninguna amenaza”.

Coinciden en que se quiere “una vida normal”, con respeto a sus usos y costumbres y permitir que los servicios se restablezcan para que puedan continuar con estabilidad.

En San Juan Cotzocón se eligen autoridades que duran en el cargo un año. El 3 de noviembre es la fecha que normalmente se realiza la asamblea, es decir, en unos cinco meses deberán volver al tema electoral, que fue lo que inició la división.

Para la Comisión, su representante sigue siendo Gorgonio Tomás Mateos, a quien eligió la comunidad después de haber cubierto los servicios que le anteceden al cargo de presidente municipal.

Desconocen la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que reconoció el triunfo de Jaime Regino Patricio, quien actualmente despacha en la agencia de María Lombardo.

Reclaman que el munícipe reconocido por los tribunales no ha entregado los recursos que corresponden a la agencia y que desconoce los usos y costumbres de la comunidad por no vivir en ella. Lo mismo opina la Comisión de Juan Eliel Inocente, otro de los candidatos que compitió por la presidencia municipal.

Aseguran que Gorgonio Tomás es un campesino, que cumplió sus cargos y fue electo presidente municipal de acuerdo a sus usos y costumbres; no un delincuente, ni un hombre que entrena a los jóvenes para disparar armas o alguien que le haga daño a su comunidad.

—¿Qué harán si lo detienen?— se pregunta. Después de un largo silencio, responden que sería una injusticia detenerlo y no abonaría a un acuerdo. “No queremos más presos”.

USOS Y COSTUMBRES, NO VIOLACIONES

Sobre los hechos que han sido causa de denuncias ante la Procuraduría y las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, explican que son “malos entendidos”, ya que son normas que se siguen en la comunidad y que rigen la vida de los habitantes desde tiempos ancestrales.

Por ejemplo, la detención de 17 personas, entre ellas siete mujeres, se dio porque tenían un adeudo a la caja comunitaria y se negaban a pagar. “Las metimos a la cárcel, no las violamos, eran deudores y los metimos a la cárcel para que pagaran”.

Esta situación, que generó la retención de dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuentan, fue porque cuando llegaron “los deudores fueron a quejarse y ellos tenían que pagar”. Según sus normas, quien no paga, va a la cárcel porque afecta el fondo económico que sirve a los demás pobladores.

Los integrantes de la Comisión aseguran que una persona de nombre Cornelio Luciano incitó a no pagar el adeudo y con ello trastocó los usos y costumbres.

La denuncia que tienen en su contra por el robo de un vehículo, explican, derivó de una salida intempestiva de la comunidad de quien conducía el taxi, poniendo en riesgo a los topiles –policías comunitarios— que vigilaban la entrada durante una reunión.

“Aquí la norma es que cuando hay asamblea, nadie sale de la comunidad, y nuestras asambleas no duran dos horas, duran hasta ocho días, lo menos son cuatro días. A este joven se le indicó el alto y él se pasó, por eso pensamos en poner la cadena, para nuestras asambleas”.

En el caso de las maestras Dionisia Benitez Lorenzo y su hija Eyra Nunila Nolasco Benitez, explican, encarcelaron a Dionisia y se le impuso una multa por haber roto un acuerdo de la comunidad.

“Se había acordado en asamblea que nadie recibiría ningún recurso de Jaime Regino –el alcalde reconocido por los tribunales–, porque él no reconocía a ningún representante nuestro y ella fue a recibir un recurso para el Día de las Madres, además de cobrarle 50 pesos a las mujeres, se le impuso una multa y ella no quiso pagarla, dijo que mejor se iba del pueblo”.

En su versión, el problema es que hay personas “como Juan Eliel o Jaime Regino” que quieren trastocar los usos y costumbres.

“No culpamos al gobierno, sabemos quiénes son los culpables, pero nosotros queremos vivir tranquilos y que se respeten nuestras formas de vida, no que quieran imponer una vida que es de la ciudad”.

San Juan Cotzocón es uno de los municipios considerado de alta marginación en Oaxaca, hablan español y la mayoría de sus más de tres mil habitantes, su lengua madre, el mixe.

Se rige por el sistema de usos y costumbres, que consideran se trastocaron al cambiar la fecha de la elección y la forma de elegir a sus representantes. De lo que pasó el 11 de junio, cuando policías y pobladores se enfrentaron dejando un saldo de nueve muertos, no dicen más.

“Ni siquiera nosotros sabemos qué pasó, para eso queremos el diálogo, para que nos expliquen qué pasó, porqué vinieron a matarnos”.