Necesario, presupuesto para reparar daños por violencia obstétrica

MORELIA, Mich., 28 de mayo de 2014.- Participantes del foro “Violencia obstétrica: oportunidades y retos para la legislación y las políticas públicas en México” coincidieron en destinar una partida presupuestaria que garantice condiciones dignas de trabajo para prestadores de servicios médicos, reparación de daños a personas que hayan sufrido ese tipo de agresión y medidas para que no se repitan estos casos.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD), secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, precisó que cualquier política pública, si no tiene el soporte financiero o económico suficiente, “se queda, simple y sencillamente, en letra muerta”. Además, se comprometió a ser partícipe de los acuerdos que se plantearon en el foro.

Al clausurar el evento, la legisladora anunció que, junto con la diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentarán una iniciativa sobre violencia obstétrica, y “estamos confiadas en tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios”.

En las conclusiones del foro, el doctor Matthias Sachse Aguilera, investigador del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, señaló que la violencia obstétrica es un problema de derechos humanos y tiene que ser abordado de forma intersectorial.

Agregó que se requiere apoyo de los legisladores para dar seguimiento a las denuncias de violencia obstétrica interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, buscar que se resuelvan y no se repitan.

Solicitó armonizar la legislación en materia de salud materna con los estándares internacionales. Asimismo, replicar este tipo de foros en todas las entidades federativas, involucrando a todas las autoridades y a los legisladores locales.

Además, propuso campañas de difusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, como una política pública, dirigida a la población en general y promover los derechos de los prestadores de servicios.

En el Panel 1, “Violencia obstétrica en México desde la evidencia científica”, el doctor Roberto Castro, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, enfatizó que este fenómeno se debe observar íntegramente como un problema del sistema de salud y de desigualdad de género.

Refirió que de acuerdo con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), del 2000 al 2012, hubo dos mil 877 quejas sobre la especialidad de ginecobstetricia, una de las que más denuncias recibe, pero también la que más consultas realiza.

Del 2002 al 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo casi 400 recomendaciones a nivel nacional sobre violación de derechos en los servicios de salud reproductiva. Las entidades federativas con mayor número de expedientes son el Distrito Federal, y le siguen el Estado de México, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Sinaloa.

La doctora Rosario Valdez, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que de acuerdo con un estudio en dos hospitales del estado de Morelos en el 2012, el 29 por ciento de las mujeres mencionó algún tipo de abuso o maltrato durante el parto y 19 por ciento recibió un comentario humillante.

Resaltó que el tacto vaginal fue la maniobra de la que más se quejaron las mujeres, por lo que hay que cuidar el contexto en el que se hacen los partos y todos los procesos. Asimismo, se encontró que el 50 por ciento de los partos se resuelve con cesáreas.

Consideró indispensable que los servicios de salud dispongan de mecanismos efectivos de coordinación entre los distintos niveles de atención, y de identificación de las necesidades en recursos materiales, humanos y financieros, para mejorar la atención obstétrica.

En su turno, el doctor Luis Alberto Villanueva, director de investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), indicó que ginecología y obstetricia son de las especialidades que más reciben quejas en la comisión y, “si se analiza por gravedad del daño por especialidad, esto es, incluyendo el daño permanente y muerte, ocupa el primer lugar con 53 por ciento”.

Subrayó que la violencia obstétrica tiene tres componentes básicos: las malas prácticas, las agresiones (físicas o psicológicas) y la falta de acceso a la información (no se informa a las pacientes y a sus familiares qué se les hizo) y se vinculan a factores relacionados con el sistema de salud, condiciones de trabajo del personal, el currículo oculto de la formación médica y la violencia de género y discriminación social.

Mencionó que las condiciones de trabajo de muchos obstetras se caracterizan por recursos insuficientes, saturación del servicio, inseguridad laboral, salarios reducidos, nula capacitación y violencia entre el personal de salud. Sin embargo, dijo, esto no justifica el maltrato a las mujeres, “simplemente se pretende entender el fenómeno para saber por dónde abordarlo”. Por ello, propuso crear un modelo de atención materna con perspectiva de género e interculturalidad, como parte de una política pública sobre la atención del embarazo, parto y puerperio.

En el Panel 2, “La violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos y reproductivos en México”, la subdirectora de área de la coordinación del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Xochitl Muñoz Cano, dijo que en México el 38 por ciento del total de nacimientos sucede mediante cesáreas, mientras que el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en esta práctica que no es necesario utilizarla en muchos casos.

En los últimos 12 años, destacó, se incrementaron 50.3 por ciento las cesáreas practicadas en el país, donde 37.7 por ciento sucedieron en el sector público y 60.4 en el privado, según la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

Expresó que es importante proponer acciones legislativas en materia de salud, a fin de que los partos que requieran cesárea sean necesariamente autorizados por el director de la institución médica que se trate, además de concientizar a la población en edad reproductiva, ya que anualmente se registran alrededor de 475 mil nacimientos de madres adolescentes.

En tanto, la jefa de departamento de la coordinación del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH, Verónica Chong, anunció que entre las recomendaciones que presenta esta comisión está el castigar a los responsables que ejerzan cualquier tipo de violencia contra la mujer, particularmente la obstétrica, y que la sociedad preste atención a las víctimas, a fin de dar voz y atender los daños generados.

Del Observatorio de Mortalidad Materna en México, Lina Berrio Palomo resaltó que es indispensable un marco normativo que garantice la seguridad de las mujeres que padecen violencia obstétrica, ya que la legislación respectiva, en torno a los derechos humanos, es aún débil.

Dijo que tan sólo en el 2012 se presentaron 960 muertes maternas; nueve de cada 10 tuvieron control prenatal y más de la mitad contó con seguro popular. En cuanto a las cesáreas practicadas, coincidió en que, aunque estas no son siempre necesarias, van en aumento, al pasar del 30 por ciento en el año 2000 a 45.1 en el 2012.

Durante el panel 3, “Legislación y Política Pública en torno a la violencia obstétrica en México: situación actual y necesidades”, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cipactli Dinorah Pizano Osorio, se pronunció por impulsar una legislación acorde a esta problemática que establezca los principios rectores de una política en la materia, los derechos que se deben proteger; defina las formas de violencia e instituya órganos rectores de denuncia.