Bullying
De acuerdo con expertos, las actitudes agresivas en niñas y niños son una forma de expresar sus emociones ante un entorno familiar poco afectivo derivado de la ausencia del padre o la madre, de violencia familiar o de la falta de valores que deberían inculcarse desde el hogar.
El entorno social es otro factor que incide en el bullying, ya que la manera en que se relacionan los adultos, los roles que desempeñan y el reconocimiento positivo que, en ocasiones, es otorgado a personas que se caracterizan por ser violentas constituyen un modelo social que niños y niñas tienden a imitar.
El ambiente escolar también puede propiciar el acoso entre los alumnos. Algunos estudios han confirmado que aquellos que son agresores suelen contar con la admiración de una parte importante de sus compañeros, mientras que a los alumnos víctimas se les atribuyen características que agudizan su aislamiento y los convierten en blanco del bullying.
De acuerdo con datos de la Unicef, no existe a nivel nacional un modelo integral en materia de infancia que prevea, desde la ley, mecanismos que protejan y garanticen el acceso de los niños y niñas a sus derechos humanos.
Sobre este tema surgen muchas preguntas: ¿Cuál debe ser el papel de los maestros y padres en estos casos?; ¿cómo adquirir herramientas para detectar o atender el bullying?; una vez que detecten esta situación, ¿a quién la reportan?; ¿qué institución y cómo debe atender este problema?; ¿debe castigarse a los niños que acosan a sus compañeros o cometen actos de violencia en su contra?; ¿quién o quiénes son los culpables de que exista el bullying?
En mi opinión, debe diseñarse un modelo de protección de derechos que contemple la prevención, detección y atención de la violencia escolar; que capacite a los profesores para detectar estos casos y genere un protocolo que vincule a las instituciones encargadas de atender cada caso, de manera particular, desde el momento en que tienen conocimiento de un asunto; que enseñe a los padres la importancia de inculcar en sus hijos valores humanos que propicien la sana convivencia social; que obligue a las instituciones, como el DIF, a atender psicológicamente tanto a los agresores como a las víctimas; que prevea claramente en las leyes las responsabilidades que cada persona tiene en este asunto y que genere las condiciones para erradicar lo que hoy día se está convirtiendo en una práctica social recurrente.
Sin duda, todos somos corresponsables y tenemos algo que aportar a favor de este tema. Ante lo grave de este fenómeno, dejemos de buscar culpables y sumemos esfuerzos por crear soluciones que garanticen el pleno desarrollo de nuestros hijos e hijas.
