Michoacán, supera por 5 veces la media nacional en secuestros

MORELIA, Mich., 11 de febrero de 2012.- Mariel Rivera y Rafael Che, investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) manifestaron que ningún aparato de justicia tiene todas las capacidades y los recursos para hacer frente a todos los delitos y las procuradurías necesitan realizar nuevas estrategias para perseguir los ocho delitos de mayor impacto. Para el investigador Rafael Che, se propone en un proyecto realizado por el CIDAC que existen ocho delitos que más impactan a la sociedasd, y que las procuradurías deben priorizar y destinen mayores recursos para controlar esa incidencia delictiva. En tanto, Mariel Rivera dijo que hay una buena cantidad de delitos de robo que aun cuando se denuncien, nuestro aparato de justicia no tiene capacidad para resolverlos, y lo que se propone en el estudio es que el Estado establezca una amenaza creíble de sanción para los delitos que más nos afectan. En el espacio de Primitivo Olvera, la especialista dijo que "esa amenaza creíble de que el Estado de derecho vale, también va a ser una señal que se envíe a aquellas personas que delinquir en delitos menores". Resaltó la investigadora que cuando se ve la experiencia de otras naciones, en donde su sistema de justicia funciona bien observamos que ningún sistema de justicia es capaz de resolver todos los delitos, y si bien logra sancionar al culpable sólo se hace en un 10 por ciento de los casos, mientras que en Chile se castigan al 80 por ciento. La premisa de este estudio es que hay delitos que han afectado de manera importante la percepción de inseguridad de los ciudadanos y hay otros que no lo hacen. Ante ello, el sistema de justicia tiene que tener énfasis en la persecución de esos ocho delitos y lo que se descubrió con este modelo en ciudad, es que de un catálogo de 33 delitos del fuero común, sólo ocho impactan la persecución de inseguridad pero lo hacen de manera diferenciado. Se tiene en primer lugar al secuestro, luego homicidios relacionados con el crimen organizado, lesión con arma blanca, la extorsión, robo al peatón con violencia, robo al peatón sin violencia, robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia. Lo interesante es que el impacto de cada delito es diferente, por ejemplo, sólo dos secuestros más por cada 100 mil habitantes hacen que 1.2 millones de mexicanos se sientan inseguros y para lograr el mismo efecto se requieren ocho homicidios relacionados con el crimen organizado, es decir un secuestro hace sentir a la sociedad cuatro veces más insegura que un homicidio. Hay delitos que causan más miedo y por ello la sociedad se siente más insegura y eso ha hecho que se modifique la conducta. Al respecto, Rafael Che, mencionó que la percepción no es equivalente a la realidad, en principio, "pero eso no quiere decir que la percepción importe y es que las personas tomamos en cuenta los delitos que sucedieron en el pasado y a partir de eso generamos una expectativa de riesgo y eso hace que se modifique la conducta". Se han visto esos cambios de conductas en el país, para 2010, el 44 por ciento de las personas dejó de salir en la noche y 25 por ciento dejó de abordar un taxis, justo por el temor de ser víctima de un delito y, 19 por ciento dejó de asistir a un estadio y 15 por ciento dejó de viajar en carretera. Se está viendo este cambio de conducta y en consecuencia hay un impacto sobre las empresas, el gasto gubernamental y, sobre los hogares, el 45 por ciento decidieron tomar alguna medida de seguridad y las empresas han elevado sus costos hasta el 11 por ciento. Del 2005 al 2010, el gasto público en seguridad se incrementó en más de seis veces, éste un recurso que tiene el gobierno, que puede destinarse a otra área en una inversión productiva y, sin embargo, se está destinando a seguridad ante la ola de violencia. Mariel Rivera sostuvo que mientras dedicamos una buena cantidad de recursos públicos a depurar y capacitar a las policías, a construir los centros de inteligencia criminal, se olvidó que el Ministerio Público es una pieza clave para controlar los índices de violencia en el país. Los MP, agregó, funcionan muy mal, hoy dedica recursos casi idénticos a la persecución de un robo de celular, que a una extorsión o un secuestro. Resaltó que el 83 por ciento de los delitos que se comenten no se denuncian, estimación que se puede lograr tomando la cifra negra que es el número de delitos que no se llevan ante las autoridades y se recogen a través de encuestas de victimización, son encuestas que históricamente realizaba el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) y posteriormente en el 2010 Inegi. Sobre las reformas en materia penal, destacó que cuando se observa cómo se han implementado en América Latina, los países que han tenido éxito son los gobiernos centralizados que de alguna manera facilitan la homologación de las reglas del juego. En México, cada uno de los estados al tener la facultad de regular por si mismos todo lo que tiene que ver con un proceso penal, pueden modificar o regular este proceso de manera que puede ser nociva, sobre todo, ante la ausencia de una regla general, ya que ni siquiera, hemos logrado sacar un Código Penal Federal que sirva como parámetro. Por último, indicó que en Michoacán, que se ubica en el último lugar con la afectación más severa en nuestra lista, se observa que el índice de secuestros es de 36 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de ocho, lo que significa un número elevado.