Mejorar condiciones en centros de rehabilitación, exigen diputados
MORELIA, Mich., 2 de abril de 2014.- Diputados de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señalaron la falta de condiciones de seguridad, higiene, infraestructura y tratamiento digno y adecuado en establecimientos privados de rehabilitación de adicciones, y también en los hospitales psiquiátricos dependientes de los gobiernos local y federal.
En el caso de los centros de rehabilitación para adictos al alcohol y drogas, también llamados “internados”, “anexos” o “granjas”, subrayaron que se han multiplicado de manera descontrolada y no cuentan con un método acreditado para sanar a los pacientes, además de que carecen de condiciones mínimas de seguridad e higiene, de atención médica o seguimiento clínico.
Sostuvieron que México carece de una política pública en materia de salud mental, lo que se refleja en la falta de infraestructura y servicios suficientes para la población con padecimientos de esta naturaleza, sin dejar de considerar que se violan los derechos de los internados, según advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En consecuencia, la Comisión de Salud, que preside el diputado Isaías Cortés Berumen (PAN), aprobó dos exhortos dirigidos a la Secretaría de Salud y a ejecutivos estatales y del Distrito Federal, para combatir estas problemáticas que envuelven a un número considerable de mexicanos.
El primero está encaminado a reforzar el control y supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y rehabilitación de adicciones, mientras que el segundo insta a cumplir las recomendaciones emitidas en el Informe Especial de la CNDH sobre los hospitales psiquiátricos que dependen de los gobiernos local y federal.
Abusos físicos y sexuales en clínicas de rehabilitación
Los centros de rehabilitación de adicciones se instalan generalmente en domicilios particulares de zonas marginadas, señala el dictamen que sustenta la propuesta en la materia.
La admisión de las personas se basa en “cuotas” o “aportaciones voluntarias”, que van desde los 10 y 30 pesos diarios, y de 100 a 250 pesos semanales, a los mil y dos mil pesos mensuales, dependiendo de la zona, el “diagnóstico” del paciente y la “intensidad del tratamiento”.
Advierte que en muchos de estos establecimientos se realizan prácticas que atentan contra la dignidad y seguridad de las personas, y que rayan en conductas delictivas como humillaciones, hacinamiento, abuso sexual y diversas formas de violencia física y psicológica, como lo han narrado muchos testimonios.
“El internamiento y retención de las personas en contra de su voluntad es una de las practicas más comunes. Se trata del delito de privación ilegal de la libertad”, precisa.
“También se conocen los casos de abuso que sufren los internos, muchos de ellos menores de edad, al ser encargados de tareas o trabajos extenuantes, cuyo beneficio sólo lo ven los dueños. Se habla del delito de explotación”, sostiene el dictamen.
Además, según informes periodísticos, a partir del inicio de la “guerra contra el narco” y hasta septiembre de 2010, se habían dado al menos una docena de ejecuciones en centros de tratamiento para adictos, que dejaron al menos 86 muertos, casi todos hombres que recibían atención, menciona.
“De esta manera, tenemos que los pseudométodos de tratamiento y las condiciones de insalubridad y seguridad que privan en muchos de estos centros, redundan en una situación que hace urgente la necesidad de una intervención por parte de las autoridades”, concluye el documento.
Graves carencias en psiquiátricos
Por otra parte, el Informe Especial de la CNDH, basado en una visita realizada a 14 hospitales de salud mental de 26 entidades, advierte hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que afectan a las personas internadas en psiquiatrías, detalla la Comisión de Salud.
Evidencia, asimismo, la inexistencia de establecimientos de los gobiernos local y federal para albergar a pacientes crónicos que no cuentan con familiares; condiciones inadecuadas de las instalaciones; alimentación precaria; falta de abastecimiento de vestido y calzado; restricciones en la comunicación con los familiares, y omisión de notificación al Ministerio Público acerca de los ingresos involuntarios.
Por otra parte, existen irregularidades en el registro de pacientes y en el consentimiento informado; no se cuenta con suficiente personal médico y de seguridad, equipo y abasto de medicamentos, reglamentos y manuales de procedimientos, y capacitación en materia de derechos humanos.
Así también, se observan deficiencias en el servicio; se da un acceso restringido a la protección de salud, y negativa del servicio a personas que padecen VIH, además de omitirse el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica.
La comisión precisa que los involucrados en el sistema de salud mental deben proporcionar soluciones eficaces a las deficiencias señaladas en los informes de los múltiples análisis realizados al respecto.
Afirma que en México no existe una verdadera política pública en salud mental. “Más allá de corregir los errores del actual sistema de salud, se deben ejercitar acciones que promuevan la readaptación al ámbito social de las personas con esta clase de enfermedades”, señala.
Las debilidades del sistema de salud, abunda, comprenden varios aspectos. Uno de los principales es la carencia de un programa nacional de salud mental específico para la niñez, lo que obstaculiza la detección y atención tempranas de los trastornos.
Por otro lado, la falta de una verdadera integración y cuidado de las enfermedades mentales a los programas de atención a la salud en general, deriva en un insuficiente trabajo multidisciplinario.
“En resumen, los servicios de salud mental son insuficientes para la población, por lo que es ineludible ejercitar acciones contundentes para atender realmente las necesidades de los enfermos psiquiátricos”, concluye la comisión.
