Incrementa 68% uso de militares en funciones policiales

MORELIA, Mich., 17 de septiembre de 2011.- Desde 2006 se ha incrementado 68% el uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, desde 30 mil elementos hasta los 51 mil que se calcula estarán desplegados a fines de este año, de acuerdo con una investigación auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). De acuerdo a una nota de El Universal, el texto Superar la impunidad. Hacia una estrategia para el acceso a la justicia en México, coordinado por Mariclaire Acosta, afirma que además “en 14 de las 32 entidades federativas de la República, los titulares de la dependencia encargada de la seguridad pública es un militar, mientras que en 6 entidades los encargados de las instituciones policíacas locales son militares”. Establece que en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del 31 de diciembre del 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la creciente participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y alarma que “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones diferentes en cuanto a sus fines.” Además, dice que otro indicador preocupante en este sentido es que de los diez estados más afectados por la violencia del narcotráfico en la primera mitad de 2010, la mayoría tiene índices de desarrollo humano superiores al del país en su conjunto. “Más aún, casi todos cuentan con un número considerable de oficiales de policía por población –similar al de Estados Unidos–, lo cual indica que el problema no es la ausencia de control territorial por parte del Estado, como se argumenta, sino el secuestro de las instituciones policiales y judiciales por parte del crimen organizado, sea a través de la corrupción o la coerción”, establece. Y agrega que resulta preciso entender el grado de penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, factor que hace que muchas de las estrategias que pudieran estar funcionando en otras partes del mundo, no funcionen en México. De acuerdo con el reporte, México padece una seria debilidad institucional, especialmente en materia de rendición de cuentas y mecanismos de control del poder, lo cual incentiva la corrupción e impunidad. Sostiene que la estrategia del Gobierno para enfrentar a la delincuencia organizada, se ha traducido en un incremento en los índices de violencia y de inseguridad en el país. De acuerdo con el documento, las instituciones de justicia penal mexicanas “castigan una fracción ínfima de los delitos que se cometen, persiguen delitos menores pero no los más importantes, sancionan la pobreza, ofenden los derechos de las víctimas y de los imputados por igual, y no logran esclarecer la verdad ni resolver el conflicto social”. De acuerdo con la investigación, existen varias razones de carácter estructural que inciden en la situación de impunidad crónica que vive el país. Destaca “la pesada herencia autoritaria en el sistema político, sobre todo en el régimen de poder, el cual, pese al advenimiento de la competencia electoral, dista mucho de ser democrático”. Ese déficit democrático, sumado a la desigualdad socioeconómica y territorial,” obstaculiza el desarrollo.