Liberación de predios desata controversia en el Legislativo

MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2014.- El patrimonio inmobiliario de los ayuntamientos primero fue botín de los grupos en el poder y hoy es motivo de controversia con el Poder Legislativo que, al tratar de acotar la discrecionalidad con que se donaban o vendían terrenos a particulares, trastocó la autonomía de los municipios que ahora no pueden disponer de su patrimonio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya concedió amparos a los ayuntamientos de Zamora y Uruapan, en tanto que el de Morelia, encontró la figura del Convenio de Concertación de Acciones para liberar predios sin tener que confrontar al poder Legislativo.

La diputada Daniela de los Santos Torres presentó una iniciativa para modificar el artículo 136 de la Ley Orgánica Municipal por ser anticonstitucional pero se quedó atorada en la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, presidida por el panista Jorge Eduardo Anaya Gómez con quien no fue posible concertar una entrevista para conocer las razones por las que se sostiene un artículo que atenta contra la autonomía municipal.

El conflicto inició desde la pasada Legislatura del Congreso del Estado cuando se consideró que: “… las áreas de donación deben estar enfocadas a la planeación y sustentabilidad del desarrollo de las ciudades, no ser botín de grupos de poder, a quienes se les otorgan espacios de donación para premiar su actuar, afectando a la sociedad no organizada económicamente más activa que los grupos de presión mencionados, a los que excepcionalmente ceden éstas porciones territoriales”.

Bajo esa argumentación se realizaron modificaciones al artículo 136 para establecer que: “No podrán ser sujetos de venta, permuta, donación, cesión, comodato o cualquier acto de enajenación, los bienes inmuebles municipales adquiridos por: I. Donación de desarrollos habitacionales; y, II. Transferencia o enajenación de áreas de donación estatal de desarrollos habitacionales”.

Sin embargo, esa decisión además de anticonstitucional, afecta al propio Estado ya que, por ejemplo, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) o asociaciones civiles que realizan obras de alto impacto social como Centro Noé, tampoco pueden disponer de terrenos para la construcción de escuelas o centros de regularización escolar.

De los Santos Torres consideró que la prohibición “está afectando a muchos ayuntamientos porque la mayoría de los predios se donan a la SEP para infraestructura educativa, hay algunos  temas de salud, hospitales, clínicas y también hay muchos comodatos y donaciones a asociaciones civiles que son beneficiosos para los vecinos”.

Jesús Ayala Hurtado, Director Jurídico del Ayuntamiento de Morelia informó que son muchas las solicitudes de predios para la construcción de escuelas y como ejemplo mencionó que los vecinos de Villas del Pedregal han reiteraron su solicitud para dos escuelas primarias. “Son muchas porque el crecimiento poblacional viene de la mano de los servicios y uno de esos servicios es el educativo que requiere de inmuebles donde se construyan las escuelas”.

Para darle respuesta a varias peticiones que se tienen de donaciones, sobre todo para la construcción de escuelas de nivel básico, primaria y secundaria y algunas de educación media como el Colegio de Bachilleres, se tuvo que recurrir a un Convenio de Concertación de Acciones, figura mediante la cual, a principios de marzo, el ayuntamiento capitalino cedió un predio a esta institución.

Sin embargo, la legisladora señaló que “independientemente de que hayan conseguido este convenio, que ya les da la posesión del predio, no les da certeza jurídica, no está a nombre del Colegio de Bachilleres y eso les preocupa porque obviamente no les bajan recursos para la construcción y va ser como tenerlo y no tenerlo porque no tienen recurso para construir.

“Tanto la SEP como asociaciones de otros tipos te piden tener la escritura del predio para poder bajar recursos y lo que sucede, porque ahorita la administración actual tiene toda la intención de apoyar, pero viene otro alcalde y dice a mí no me gusta ahí el Colegio de Bachilleres y como el terreno es mío regrésenmelo y con todo y infraestructura y tendría el derecho  de hacerlo, entonces esto sí le preocupa a la gente, bajar recursos que luego no se vaya a quedar”.

Ayala Hurtado aseguró que no se dejaron cabos sueltos y explicó que “se platicó previamente con las instituciones educativas para buscar la figura jurídica que pudiera ser suficiente y fue un Convenio de Concertación de Acciones donde se les otorga el usufructo hasta por 99 años, para que ellos puedan disponer, usar libremente del bien inmueble, eso la Secretaria de Educación lo aceptó y también en el ámbito de las instituciones de educación media y superior fue suficiente al efecto de que ellos pudieran ser beneficiarios del subsidio estatal y federal.

“La propiedad siempre seguirá siendo municipal porque se les transfiere solo el uso, el disfrute de la cosa, en este caso del inmueble pero con esta figura de concertación se acordó con las partes institucionales para el efecto de que si de esa manera podían ser beneficiarios de esos recursos y se acordó que era satisfactoria la figura, incluso por la cuestión del término que es de 99 años y podrá ratificarse”.

El funcionario municipal dijo que las asociaciones civilestambién pueden recurrir a ese tipo de convenios, “siempre y cuando para el cabildo quede fehacientemente acreditado el trabajo y el beneficio social y hay muchas asociaciones de carácter y de objetos muy nobles, de atención a personas desprotegidas, el trabajo en contra dela drogadicción, incluso impulsando algunos talleres, desde luego que cabría la posibilidad, siempre y cuando sí se justifique el bien y el desarrollo social”.

Por ejemplo, el Centro Noé está solicitando un terreno en la colonia Lucio Cabañas, donde invertiría entre dos y tres millones de pesos en la construcción de un centro para desarrollar de manera gratuita programas de apoyo social y orientación a jóvenes, de basquetbol, deporte en el que se encuentra entre los primeros lugares de los torneos municipales y manualidades para las madres de familia. Aunque con cuotas que oscilan entre los 80y 150 pesos mensuales también brindaríaasesoría académica en todas las materias, inglés, computación, arte y música.

Sin embargo los ayuntamientos no pueden disponer de los terrenos de que disponen para ese tipo de obras que no están en condiciones de realizar o para hacerlo deben enfrentar litigios y encontrar subterfugios legales, ante el abuso en el que se incurrió en el pasado, de acuerdo con la opinión de los entrevistados.

“Creo que sí ha habido ventas a veces a costos muy significativos y puede ser positivo porque puede ser para alguna asociación de personas humildes que requieren de un predio dónde vivir y en esos casos está justificado, que hagan un pago de acuerdo a sus posibilidades y tengan una vivienda que, constitucionalmente, todos tenemos derecho a una, pero también ha habido ventas a bajos costos cuando no lo amerita o no debería ser así. Yo creo que esa fue la razón por la que los legisladores de la pasada legislatura decidieron acotarlo pero yo creo que debieron haber puesto las reglas pero no prohibirlo”, indicó De los Santos Torres.

“Se debió haber dado por el abuso, el exceso en algunos ayuntamientos o por procedimientos no muy claros o destinatarios no del todo de beneficencia social pero en mi opinión el artículo 115 de la constitución es muy claro al darle la facultad a los ayuntamientos de administrar libremente su patrimonio, de ser entidades autónomas, incluso, tan es así que de las controversias constitucionales que han interpuesto los ayuntamientos de Uruapan y Zamora pues les ha procedido favorablemente”, señaló Ayala Hurtado.

Son dos las salidas al conflicto legal, una, según el funcionario municipal “ya está contemplada en la reforma de la Ley de Amparo y de la Constitución en el artículo 107, laSuprema Corte tendrá que notificar a la autoridad responsable de los amparos que se han otorgado a esa ley para que la autoridad cumpla, en este caso el Legislativo y actúe en consecuencia, así que el Congreso tendría que derogar o modificar este artículo 136 de la ley orgánica municipal”.

La otra salida es que la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales dictamine la iniciativa presentada por la diputada del distrito 18 Morelia Sureste, que como ella misma reconoce:

“Es una iniciativa que no es para inventar el hilo negro sino que detectamos, desde que yo estaba en la sindicatura, porque empezó a aplicar desde la administración pasada de los ayuntamientos y yo me di cuenta porque el síndico es el que se encarga de hacer las donaciones, comodatos o algunas ventas del patrimonio del ayuntamiento y realmente es revertir esta reforma que en su momento los legisladores de la 71 legislatura seguramente hicieron con una buena esencia que a lo mejor fue que no hubiera un abuso de la venta de estos predios pero lo hicieron general y si llegó a afectar, está afectando a muchos ayuntamientos.

“El 115 marca la autonomía del ayuntamiento, de hacer con sus bienes lo que mejor convenga para la ciudadanía y, en este caso,  pues sí se contrapone con la reforma que hicieron, de hecho hubo dos municipios que se ampararon con tiempo, Uruapan y Zamora y ellos no han tenido ese problema, les concedieron el amparo y los demás municipios sí están un poco preocupados con esta situación porque los tienen, digamos, amarrados de manos”.