Sobremesa

¿A quién culpar de que el crimen organizado se haya extendido por toda la geografía del estado de Michoacán? Esa pregunta se hace la ciudadanía ante la actitud que asumen los gobernantes de los distintos niveles y de los diferentes partidos políticos, al evadir su responsabilidad y pretender hacer creer a la opinión publica, que fueron otros quienes permitieron que la delincuencia llegara a los niveles actuales. Todos sin duda tienen una responsabilidad, la delincuencia no estuviera en todas partes sin la corrupción gubernamental, los criminales no pueden delinquir si en frente hay una autoridad que aplica la ley rigurosamente.

Nuestro marco jurídico establece que La Procuraduría General de la República, tiene entre otras facultades, la investigación de los delitos del orden federal, su actuación no se restringe exclusivamente a los delitos contra la salud (trafico de drogas); le compete ademas toda la gama de ilícitos penales federales como los derivados de la delincuencia organizada, entre otros. Como podemos ver, corresponde al ámbito federal el combate de estos delitos y para ello tiene a las policías y fuerzas federales, así como también los recursos económicos suficientes, para lograr tal fin. Por supuesto que los gobiernos locales y municipales, deben coadyuvar en todo momento con el gobierno federal, para erradicar todo tipo de crimen organizado en sus respectivos territorios.

Debemos señalar que ningún nivel de gobierno cumplió y sigue sin cumplir cabalmente hasta ahora, con lo que marca la ley, razón por la que los criminales se apoderaron del estado. ¿ Quien tiene entonces una mayor responsabilidad?, pues quien tiene de manera directa la obligación jurídica y los medios para su combate y no lo hizo, tampoco hicieron la parte que les correspondía a los otros dos niveles de gobierno. Nadie puede creer que funcionarios estatales y municipales no tenían conocimiento de la comisión de delitos federales en sus territorios. Debieron estos denunciarlos al nivel federal, al no hacerlo incurrieron ellos mismos en una falta u omisión grave, que en cualquier país de leyes se castiga.

Resulta chocante para la ciudadanía que sigan funcionarios públicos culpando a otros de la gravedad de la situación que vive Michoacán; sin asumir la responsabilidad que tuvieron o tienen ahora. De lo que ha ocurrido en el estado no se salva ni el Presidente de la República, como tampoco funcionarios estatales ni municipales. Deben mejor actuar con mayor rapidez y efectividad; el avance que se tiene en regresarle la paz y la tranquilidad a la gente es aun ínfimo, la batalla no esta ganada; se han detenido a muchos delincuentes, pero siguen aun muchos de ellos cometiendo crímenes, esto lo saben funcionarios estatales y municipales y no están cadyuvando, como establece la ley, para que el combate sea eficaz y de una vez por todas la población viva en paz.