¿Se puede gobernar y educar, sin respetar la ley?

Cuando se habla de gratuidad sobre la educación que imparte el Estado, caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se habla de un derecho constitucional que respalda a todo joven mexicano originario de cualquier parte del país, derecho que en Michoacán fue ratificado el 6 de agosto del 2010 en la Constitución Política estatal, por lo que bajo ningún pretexto, incluso del rector o del propio gobernador, puede incumplirse mientras se mantenga vigente en la Constitución local, recordó el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña.

A través de un comunicado, el perredista expuso los siguientes cuestionamientos: “Ubicando la importancia de vivir bajo un marco legal que es responsabilidad de los servidores públicos administrar y cumplir a cabalidad para que el orden social funcione, llama la atención las dos “salidas” que hasta hoy, tanto el rector Salvador Jara Guerrero, como el propio gobernador Fausto Vallejo Figueroa, le han dado al anuncio, primero del gobierno estatal de no otorgar a partir del 2014 el subsidio que recibía la UMSH mediante convenio y, la de la Rectoría, que en respuesta anuncia la reinstalación de las cuotas de inscripción; el gobernador se deslinda de su responsabilidad pretextando la autonomía universitaria, mientras el rector, como muestra “de su buena voluntad”, acompaña la reinstalación de las cuotas de inscripción, con la condonación del pago para quien así lo solicite. Ambos mostrando un pobre compromiso con la Universidad Michoacana, pero más grave aún, siendo las máximas autoridades -educativa y de gobierno en Michoacán-, dando un ejemplo despreocupado de incumplimiento de lo que la ley les mandata”.

“Aclarando que la autonomía universitaria significa libertad de cátedra, de elección de sus órganos directivos y en lo económico, refiere a la libre decisión en la aplicación de sus recursos y que lo anterior no exime al Estado -gobierno- de su responsabilidad de garantizar la gratuidad de la educación pública, subsidiando cuanto sea necesario este derecho constitucional, como también es responsabilidad de las autoridades universitarias mantener el diálogo que sea necesario para gestionar los recursos económicos ante el gobierno, resulta incongruente que el actual gobierno estatal, llevando el tema al plano electorero con un argumento sugerido por sus órganos de comunicación social, le cante a los michoacanos los montos que su gobierno le ha dado a la Universidad, cuando los próximos dos años le arrebatará el subsidio por completo”.

“El llamado a la solidaridad de los estudiantes para mantener con sus cuotas la Universidad pública, frente a una clase política robusta que goza de salarios y prebendas tan altas y frente a un cuerpo académico y directivo, de nada despreciables condiciones económicas gracias a la Universidad, provocan un contraste sin sentido y una vez más, la inconformidad social de un estado que de por si le ha perdido la paciencia a sus gobernantes”.

“El segundo informe de gobierno de Fausto Vallejo acaba de pasar y en éste como en el anterior, no se ha dado cuenta de los gastos que el actual gobierno ha hecho para mantener una burocracia inútil en varias materias, como la que mantiene en materia indígena sin aplicar recursos para éste sector, tampoco se ha aclarado el porqué del subejercicio en varias áreas de la administración pública estatal, como del que es responsable Marco Antonio Aguilar Cortés al frente de la Secretaría de Cultura, quien dejó de aplicar recursos ya otorgados para el estado; tampoco ésta administración priísta ha podido demostrar el beneficio económico que ha traído al estado una serie de gastos de banal apariencia, como el viaje a Roma de un gran número de sus funcionarios o los conciertos a puertas cerradas de cantantes afines a sus amistades -que no por ello lo hicieron gratis, Yuri y D’Alessio-. Sin dejar de lado que éste gobierno triplicó las observaciones hechas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, hoy ubicándose como el segundo estado con más irregularidades en el manejo financiero deis, según la propia Auditoria Superior”.

“En contraste, durante el primer año, Vallejo determinó ahorrar dinero cerrando 36 Telebachilleratos con o que perjudicó a 3 mil estudiantes; los siempre afines operadores priistas en Nueva Jerusalén, quemaron una guardería, una primaria y una telesecundaria, frente a los ojos del subsecretario de Gobierno y tiempo después, pagó el gobierno la fianza que contempló la reparación del daño de un solo responsable, en un hecho en el que participaron por lo menos 50 personas, todas identificadas; hoy le retira el subsidio a la máxima casa de estudios de Michoacán y surge preguntarnos ¿cuánto tiempo se puede mantener un gobierno que no acata la ley y no respeta la educación, en una tierra de jóvenes? y ¿será necesario reclamar jurídicamente a la autoridad que cumpla la ley? La respuesta increíblemente es sí, por eso, los alumnos de la Universidad Michoacana sin grupos ni colores, por su propio derecho, han interpuesto un recurso jurídico que deberá someter el tema a la observación de la justicia”.