Del Elbazo al Desarrollo

El 15 de enero se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán por decreto expedido por el presidente Enrique Peña Nieto. Su nombramiento recayó en el Lic. Alfredo Castillo Cervantes, quien es conocido por ser un operador de primera línea y de la entera confianza del titular del poder ejecutivo federal, ya que ha sido quien ha intervenido para morigerar las crisis mediáticas ocurridas en el caso Paulette, en el de la hija del extitular de PROFECO y quien integró la averiguación en contra de la lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo Morales. En esta ocasión, la encomienda es mucho más compleja, ya que se trata de tomar una larga serie de decisiones que involucran a casi cinco millones de personas que habitan esta entidad y quienes reclaman silenciosa o estentóreamente atención urgente para resolver los atávicos rezagos en materia de desarrollo humano y de seguridad, cuyas consecuencias en materia de ingobernabilidad y criminalidad han tomado la palestra internacional e interpelado al discurso oficial que esboza a una nación boyante.
Es impensable lograr una entidad desarrollada sin que el rubro educativo sea altamente priorizado. Lamentablemente, las circunstancias estatales no reflejan que esto haya ocurrido en las últimas décadas, ya que el abandono en el que se encuentran las escuelas, los alumnos, los padres de familia y los maestros es escarnecedor, por lo que los resultados están a la vista. Sin educación no puede haber seguridad ni paz para nadie, mucho menos actividades productivas rentables ni una distribución del ingreso democrática. Las consecuencias se reflejan en prácticamente todos los indicadores socioeconómicos, particularmente en los relacionados con la pobreza, en los que no salimos bien librados. Particularmente, esta semana CONEVAL reveló que hay 157 mil 300 personas que sobreviven en esta entidad con menos de 20 pesos diarios, mientras que 4 de cada 7 viven en situación de pobreza, lo cual se extiende a 9 de cada 10 en situación de vulnerabilidad y pobreza, con lo cual muy pocos michoacanos cuentan con seguridad económica
En el contexto de la reciente atención federal hacia Michoacán, es positivo el primer resultado concreto de la misma en el ámbito del desarrollo social, ya que se anunció que llegará a 29 municipios michoacanos más la Cruzada Contra el Hambre, programado inicialmente para solamente siete ayuntamientos de la entidad y cuyos objetivos están relacionados con eliminar el hambre y la desnutrición infantil, mejorar la producción agrícola, minimizando pérdidas y promover la participación comunitaria. Las acciones en el rubro educativo están relacionadas con otorgar becas a los alumnos de educación básica y en mejorar indicadores socioeducativos como la deserción escolar, el rezago escolar y el analfabetismo, que son precisamente los que más gravitan al momento de realizar una clasificación de las entidades federativas en el hecho de que Michoacán ocupe el tercer lugar nacional en rezago educativo, solamente por debajo de Chiapas y Oaxaca.
El reto verdadero será lograr un saneamiento a fondo de la educación michoacana, no solamente atender los problemas más contingentes de la población de manera temporal y asistencial, sino lograr erradicar la corrupción y la simulación del sistema educativo estatal. Inyectar más recursos a través de una maquinaria colonizada por redes de poder solamente lubricará su funcionamiento perverso y permitirá la metástasis de un cáncer de por sí ya extendido.
Consolidar la seguridad y el desarrollo integral del estado forzosamente implica la eliminación del tráfico de plazas, la existencia de aviadores y las ignominiosas minutas. Aplicar los planes y programas de estudio más pertinentes a las vocaciones productivas regionales en armonía con los nichos de oportunidad globales, así como cumplir con la normalidad mínima que establece la SEP en cada comunidad de aprendizaje, asegurando la idoneidad de los maestros es imperante. Esperemos que la robustez del Estado mexicano se manifieste con toda su fuerza y vigor en la entidad y con la acción del pueblo convocado para tal efecto, logre restablecer el estado de derecho en nuestro sistema educativo, refrendando la validez de la normatividad en beneficio del derecho a la educación de los niños y jóvenes michoacanos.
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