Café para todos
La idea de crear la figura de Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación -y encargarle esa misión a Alfredo Castillo, uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto-, parece ser el elemento más original de la nueva ofensiva que lanzó el gobierno federal días atrás para estabilizar Michoacán, convertido en el nuevo epicentro de la violencia criminal en el país.
Castillo, ex procurador del Estado de México, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República y ex Procurador del Consumidor, entre otros cargos, ha sido acusado de ser un virrey, el nuevo gobernador de facto del estado y de reducir a Fausto Vallejo a una mera figura decorativa.
Castillo no es el único elemento que hace su aparición en el escenario michoacano. También fueron nombrados 2 de sus más cercanos allegados, como responsables de las principales dependencias de seguridad y justicia en la entidad.
Es decir, Castillo tendrá a 2 hombres de su entera confianza para servirle de piezas clave en su estrategia para ayudar a apaciguar a esta volátil región, sobre todo la conocida como Tierra Caliente, un hervidero de grupos mafiosos y organizaciones de autodefensa.
Se trata de José Martín Godoy como nuevo fiscal -en reemplazo de Marco Vinicio Aguilera-, y de Carlos Hugo Castellanos, quien estará al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, en sustitución del general Alberto Reyes Vaca. Ambos han trabajado codo a codo con Castillo en otras funciones.
Los nombramientos deberán ser todavía ratificados por el Congreso del estado, lo cual se considera una mera formalidad.
El gobernador también nombró a 6 subprocuradores regionales y tres subsecretarios de Seguridad Pública, que se estima son también personajes allegados a los titulares de ambas dependencias.
Vallejo indicó que se trata de “un primer paso que demuestra la voluntad del gobierno del estado (…) para trabajar de manera coordinada con la Federación” y fortalecer las tareas de seguridad y justicia.
El gobernador elogió la respuesta contundente del presidente Enrique Peña Nieto para apoyar al estado, agobiado por la violencia del crimen organizado y la proliferación de grupos de civiles que han tomado las armas para defenderse de los cárteles de las drogas.
Por su parte, Castillo ha destacado el compromiso de Vallejo y reconocido que coordinación y cooperación no significan subordinación.
Sin embargo, no ha podido evitar que la oposición cuestione estos nombramientos bajo el argumento de que el gobierno federal ha debido de desplazar a un segundo plano a Vallejo y a todo su equipo antes que evitar declarar la desaparición de poderes en la entidad.
“Estos cambios responden únicamente al interés genuino y altura de miras del señor gobernador por coadyuvar y trabajar de manera coordinada”, afirmó Castillo, quien señaló que su papel consiste en ser el representante del Gobierno federal para articular los esfuerzos orientados a restaurar el orden y la legalidad en el estado.
Es decir, él insiste en ser llamado un mero embajador, en lugar de ser una especie de procónsul como en los tiempos del imperio romano, es decir, el hombre que en realidad detenta el poder.
Como sea, su designación ya marca de por sí un golpe de timón en la estrategia del gobierno federal ante la grave crisis de seguridad sin precedentes que se vive en Michoacán.
Ante la complejidad del panorama y el desbordamiento de los grupos de autodefensa, quizá no quedaba otra alternativa. Ahora al gobierno le corresponde restaurar el tejido social y demostrar que Michoacán no es un Estado fallido y que el gobierno federal todavía detenta el monopolio de la fuerza pública.
Michoacán ha sido intervenido varias veces por fuerzas federales y cuando éstas abandonan la entidad de inmediato regresan las bandas armadas como los Templarios, Los Zetas, el cártel de Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana.
Ahora, el reto de Castillo es hacer un rediseño y una verdadera ingeniería institucional, como sustituir a todos los funcionarios que han sido alcanzados por la corrupción y han incurrido en negligencia o han sido ineficaces en sus tareas.
Ya se verá si es capaz de hacer frente a los poderes del crimen organizado que mantienen en jaque a la sociedad michoacana, a la cual han sometido y aterrorizado.
LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD ALIMENTAN A LA MAQUINARIA MAFIOSA
La primera tarea es desarmar a las fuerzas de autodefensa, que poseen armamento muy difícil de conseguir y financiar, como las famosas metralletas Barret Calibre 50, llamadas “Matapolicías” y capaces de perforar cualquier blindaje, o simplemente los cuernos de chivo.
La segunda será convencer a los grupos de la policía comunitaria de que confíen en la fuerza pública, en su capacidad de protegerlos y de mantener a raya a los grupos mafiosos.
Y aquí habrá que mantener una vigilancia permanente y dejar sentadas las bases para que las organizaciones criminales que por el momento se han ocultado o huido, no regresen más, pero tampoco se trasladen a los estados vecinos como Guerrero, Jalisco y el Estado de México, mediante el llamado “efecto cucaracha”.
La tercera y más importante tarea será que las autoridades michoacanas, con el apoyo de Castillo, trabajen para atacar las condiciones de marginación y pobreza en que se hallan sumidos vastos sectores de la sociedad michoacana y que alimentan la maquinaria mafiosa.
La mirada de México entero está puesta en Michoacán. El gobierno sabe que si falla de nueva cuenta su apuesta, como ya lo hizo antes Felipe Calderón, entonces no habrá nuevas oportunidades y el electorado podría cobrar la factura en las próximas elecciones intermedias.
Aunque muchos tienen derecho a desconfiar del nuevo comisionado presidencial -puesto que la ley sólo prevé a una autoridad legítima, y de algún modo se socava la supremacía del gobierno electo por los ciudadanos michoacanos-, no hay duda de que cuando se presenta una situación de emergencia se requiere actuar con medidas extraordinarias.
No obstante, Peña Nieto sin duda ha colocado parte de su capital político en esta riesgosa apuesta. Y no se trata de una jugada sencilla, puesto que las probabilidades de ganar son muy inciertas, aunque a diferencia de un juego de azar, en el caso de Castillo existen muchos elementos que se pueden emplear para garantizar la victoria, como los recursos financieros, la planificación, la eficacia, la seriedad y la inteligencia.
Quizá en lugar de que se desate una sorda lucha por el poder entre Castillo y Fausto Vallejo -quien aparentemente se ha sentido ninguneado por este nombramiento-, debiera entenderse que es necesario remar en un mismo sentido para que esta etapa transitoria sea superada lo más rápidamente posible.
Hay estados y ciudades del país que han sufrido crisis de violencia en años anteriores, desde que en 2007 el entonces presidente Felipe Calderón decidió declararle la guerra al narcotráfico, pero sin un plan específico.
Basta recordar el caso de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Nuevo Laredo, que en algunos momentos llegaron a convertirse en territorios muy parecidos a cualquier territorio en pie de guerra como Irak o Afganistán.
Aunque esas urbes mexicanas no se convirtieron en tierras paradisiacas, sí han logrado recobrar la calma y la tranquilidad gracias a políticas públicas inteligentes y al trabajo conjunto del gobierno federal con las autoridades estatales y municipales. Ojalá así suceda en el caso de Michoacán.
GRANOS DE CAFÉ
Con todo lo que pueda suponer, tal parece que el destino alcanzará al reo de origen mexicano, Edgar Tamayo Arias, quien a pesar de haber invocado la protección divina, será ejecutado hoy miércoles por la tarde en The Walls Unit, la Penitenciaría Estatal texana de Huntsville, la más antigua de la región, de característicos ladrillos de color rojo.
Su muerte se producirá no obstante la suma de varias instituciones y organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos, que se incorporaron a la solicitud de clemencia para revisar su caso e impedir que se le aplique la inyección letal, por haber asesinado al policía Guy P. Gaddis, en Houston, el 31 de enero de 1994, hace ya casi 20 años.
Al igual que Tamayo Arias, actualmente existen en reclusorios de Texas otros 11 mexicanos en espera de la pena capital. Desde 1994, el gobierno texano ha ejecutado a 8 personas procedentes del país. En total, en la antesala de la muerte se hallan 51 mexicanos detenidos en diversas penitenciarías de Estados Unidos.
De entre ellos, el más reciente fue el caso de Humberto Leal (7 de julio del 2011); José Ernesto Medellín (5 de agosto del 2008); Ángel Maturino Reséndiz (27 de junio del 2006); Javier Suárez Medina (15 de agosto del 2002), y Miguel Ángel Flores (9 de noviembre del 2000).
El estado de Texas reimplantó la pena de muerte en 1982 y desde entonces la ha aplicado a 502 criminales. Tamayo Arias, nacido en Miacatlán Morelos, será el ejecutado 503.
Más allá de las consideraciones morales y legales de la pena de muerte en territorio estadounidense, llama la atención el papel mediático asumido por Tamayo y sus familiares, quienes se mostraron decepcionados y furiosos -dijeron-, por el supuesto desinterés del gobierno mexicano para involucrarse en su defensa.
De acuerdo al reo morelense, tal parece la fuerza del aparato de gobierno mexicano tenía que ponerse a su servicio para impedir su ejecución, como si su caso fuese prioritario, y la muerte del policía hubiese ocurrido a consecuencia de un hecho fortuito o accidental y no con premeditación, alevosía y ventaja como fue su caso, cuando Arias Tamayo le disparó por la espalda.
Pero en fin, no hay por qué desanimarse. Estos circos mediáticos con tintes de cursilería barata, se seguirán produciendo en los próximos meses.
Por lo menos en EU todavía quedan 11 criminales mexicanos más, para saciar el apetito de los medios impresos, las pantallas de televisión, las estaciones de radio, las redes de Internet y las organizaciones derechohumanistas, que desafortunadamente -en este mundo al revés-, se han convertido en el gran escaparate, los reality shows, de asesinos de toda laya, nacionalidad y color, que hoy exigen clemencia, cuando ellos mismos no les brindaron esa oportunidad de misericordia a sus víctimas…
… Una justa distinción por el aporte que la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) ha realizado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en la entidad, fue hecho al rector de esa casa de estudios, Jaime Valls Esponda por la Cámara de Diputados durante el Foro “México frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, avances y estrategias rumbo al 2015”, organizado por el Congreso de la Unión.
Al entregar el reconocimiento al rector, el presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de esas metas, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, resaltó la labor académica que la UNACH despliega para formar profesionales especializados en esta temática que impulsa la ONU.
En ese marco, Valls Esponda, expuso que una de las contribuciones realizadas es la creación de la Maestría en Gestión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -cuya primera generación ya egresó-, dirigida a aquellos profesionales empleados en instituciones públicas y privadas que en su práctica diaria se enfrentan al reto de la gestión pública en los diversos temas que abarcan estos preceptos.
En el evento estuvo presente el jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Oficina de la Presidencia de la República, Gabriel Rivera Conde y Castañeda y el director general de Integración, Análisis e Investigación del INEGI, Enrique Ordaz López…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]
