Alerta El País de riesgos en estrategia federal anticrimen
MORELIA, Mich., 21 de enero de 2014.- Hay razones militares y políticas de corto plazo que explican los motivos de la inusual relación estratégica entre el Gobierno Federal y los grupos michoacanos de autodefensa, pero también existen razones y evidencia muy poderosas que sirven de alerta sobre las nocivas consecuencias de largo plaza de esta nueva estrategia, advierte el periódico español El País este martes en una artículo que publica en su edición digital.
En lo militar, la falta de información local ha sido el principal problema para el Gobierno Federal y el Ejército Mexicano en más de siete años de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, destaca el especialista Guillermo Trejo, profesor asociado de ciencia política en la Universidad de Notre Dame y del Kellogg Institute for International Studies
En esta guerra hay enormes asimetrías de información, destaca. Los cárteles y otros grupos criminales se han coludido con agentes en puestos claves en instituciones judiciales y de seguridad, así como en instituciones federales.
La colusión con estos agentes del orden público le ha dado al crimen organizado una ventaja estratégica que les permite resistir y evadir las embestidas federales. El gobierno federal, en cambio, no cuenta con la información local que requiere cualquier operativo militar. Desconoce con precisión el grado de penetración del crimen organizado en la sociedad y las instituciones gubernamentales de Michoacán.
Las autoridades federales han visto en los grupos de autodefensa una fuente vital de información local que les permitiría llevar a cabo micro-intervenciones militares y dar golpes certeros en contra de Los Caballeros Templarios. En abierta o velada coalición con el gobierno federal, las autodefensas serían los ojos y oídos que las fuerzas federales no tienen en Michoacán.
En lo político, una coalición informal con los grupos de autodefensa le permitiría al gobierno federal golpear y mermar fuertemente a Los Caballeros sin pagar los costos de las muertes colaterales de civiles. Al delegar parte del poder coercitivo del estado a los grupos de autodefensa, las autoridades federales intentarían diluir las responsabilidades de la guerra contra el crimen organizado en la sociedad civil. No serían el gobierno federal o el ejército los responsables directos de la violencia que implica recuperar territorios gobernados por el crimen organizado, sino las autodefensas.
(para ver el artículo completo consulte el link: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/20/actualidad/1390229607_176398.html)
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