Complacencia Institucional

MORELIA, Mich.,18 enero de 2014.- .En Michoacán las instituciones del Estado han sido rebasadas, las políticas para asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho y propiciar la paz y el desarrollo han fracasado estrepitosamente,  en su lugar se ha fortalecido el desorden, el caos, la arbitrariedad, la injustica y la incertidumbre social. El ejercicio de los derechos humanos de los pobladores de vastas regiones de la entidad ha sido anulado de hecho. Los derechos a la vida, al trabajo, al libre tránsito, a la libertad de expresión, a la educación, a la salud, se suspenden intermitentemente, sin que las instituciones del Estado estén en condiciones de hacerlos prevalecer y castigar a quienes los transgreden.
Las instituciones del gobierno estatal y de los gobiernos municipales hace tiempo que están rebasadas, paralizadas e imposibilitadas para cumplir las obligaciones constitucionales que les mandata la ley. La crisis que hemos vivido en los últimos días ilustra la derrota y la ausencia de las instituciones locales y el fracaso de las políticas federales para garantizarnos a los michoacanos el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos.
Es preocupante que hasta ahora ninguna de las políticas impulsadas por el Estado Mexicano para darnos paz y seguridad a los michoacanos haya tenido éxito. Todas han fracasado, la última el Acuerdo por Michoacán que pretendía, entre otros objetivos, recuperar uno a uno los municipios controlados por el crimen organizado, tampoco dio resultados. Estos fracasos han alentado la desconfianza en las instituciones, ha galvanizado el coraje de grupos de pobladores agraviados por los criminales precipitándolos a tomar en sus manos la justicia a través de la autodefensa. A ello tambien ha contribuido el que los liderazgos políticos de la partidocracia viven más ocupados en la codicia por la elección del 2015 que en acercarse a la tragedia de los ciudadanos.
Los responsables ante la Constitución de la crisis que vive la entidad son los tres ámbitos de gobierno, el Federal, el Estatal y el Municipal y sus respectivos mandatarios. Y son ellos, como parte del Estado mexicano, los únicos que tienen la responsabilidad para decidir y resolver la crisis de seguridad que asola a la entidad. Es el Estado el que debe, por mandato constitucional, asegurar el ejercicio de todos los derechos humanos para todos los michoacanos.
La tarea de hacer valer los derechos para todos es la que debe cumplirse de manera inmediata utilizando los instrumentos jurídicos y políticos necesarios para lograrlo. Vemos con preocupación que el encuentro sostenido el día lunes 13 de enero entre actores del gobierno federal, estatal y municipal, legisladores, empresarios y otras representaciones, haya dado respuestas cortas a un problema crónico y complejo de Estado Fallido. El ofrecimiento de 250 millones de pesos para restablecer el “tejido social” en el estado, refleja el desconocimiento de la magnitud del problema.
A unos dias de la firma del convenio de cooperación con la Federación y del arribo masivo de fuerzas federales ha quedado exhibida la ausencia de una estrategia eficaz y consensuada para el desarme de las autodefensas, dejando como  saldo lamentable de esta  la muerte ya de algunos civiles; también es evidente la ausencia de una política de acercamiento con las poblaciones afectadas para operar con certidumbre la entrega del control territorial en manos de las autodefensas al gobierno federal. Esta estrategia de bote pronto y de prioridades cuestionables está dejando intacto al crimen organizado que ya está rehaciendo sus rutinas de extorsión y amenazas en las zonas donde había estado operando.

Un día después de que el gobernador del estado se instalara en el palacio municipal de Apatzingán, centro principal de operación de la delincuencia organizada, fueron incendiados comercios a dos cuadras de la sede donde las autoridades se reúnen para la toma de decisiones. Como vemos, la situación es verdaderamente grave; sobre todo cuando los gobernantes se perciben tan frágiles y tan débiles frente a unos criminales que  avanzaron con la complacencia institucional.