Michoacán requiere medidas urgentes, advierte Crisis Group
MORELIA, Mich., 18 de enero de 2014.- La crisis en Michoacán se desbordó y no es hora de pensar en medidas sofisticadas y a largo plazo, sino en un programa de emergencia para garantizar la vida y la seguridad de las personas, advierte Javier Ciurlizza, responsable de la organización internacional Crisis Group, según un cable de la agencia EFE que publica este sábado el portal digital del periódico 24 Horas
En una entrevista, Ciurlizza afirmó que la situación que se vive en la zona de Tierra Caliente es algo inédito y también “extremadamente peligroso”, pues no sólo se están enfrentando dos carteles de la droga entre sí, sino que contra ellos luchan grupos de civiles armados y ahora que las fuerzas federales tratan de tomar el control, hay choques entre militares y los milicianos de las “autodefensas”, señaló.
Si no se toman medidas, hay “una posibilidad real de que aumente significativamente el número de muertos en los próximos días” en la zona michoacana de Tierra Caliente, señaló.
La decisión de crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo, muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, es una “buena señal”, destaca el especialista.
Crisis Group, una organización internacional con sede central en Bruselas y fundada en 1995 con el fin de prevenir y resolver conflictos, advirtió en mayo pasado en un informe que el auge de las milicias civiles en México iba a significar un aumento de la violencia y a dificultar la derrota de los carteles de la droga.
En el informe también se instaba a regular a las autodefensas y Ciurlizza cree que esta última recomendación es ahora aun más conveniente que en mayo y que el Gobierno mexicano debería llegar a algún tipo de pacto con los grupos “menos contaminados”.
“Ya es el momento de que se reconozca que las autodefensas existen y se regulen”, dijo el directivo de Crisis Group, quien considera que se podría permitir que colaboren en tareas de vigilancia y prevención de delitos, pero “sin armas”.
Las fuerzas federales enviadas a Tierra Caliente para garantizar la seguridad tienen entre sus objetivos desarmar a las autodefensas, pero éstas se resisten porque consideran que sin armamento serán blanco fácil para los carteles de la droga.
Crisis Group ha constatado la presencia de autodefensas o “vigilantes” en al menos nueve de los 31 estados de México, incluso muy cerca de la capital, pero donde tienen más implantación es en Guerrero y en Michoacán, aunque hay diferencias entre ambos casos.
Ciurlizza señala que Guerrero tiene una larga tradición de milicias civiles de raigambre indígena y vinculadas a organizaciones comunales, lo que no es el caso de Michoacán, donde no se sabe quién es quién y qué hay detrás de las autodefensas.
“Es un mundo extremadamente confuso”, dice Ciurlizza, para el que está claro que algunos vigilantes tiene nexos con grupos delictivos. Lo que no hay en Michoacán es “paramilitarismo”, entendido como grupos armados con connivencia con el Estado mexicano, subrayó.
El responsable de Crisis Group destacó que Michoacán, uno de los estados mexicanos de menor desarrollo (puesto 28 de 31), ha sido históricamente la principal entrada de la cocaína producida en Sudamérica, pero además por sus puertos entran los elementos químicos necesarios para fabricar metanfetaminas y otras drogas sintéticas desde países asiáticos.
De ahí que tras el desmantelamiento del cartel Familia Michoacana, debido a la ofensiva contra el narcotráfico del anterior presidente mexicano, Felipe Calderón, otros dos bandas, Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, luchen para controlar las importantes rutas que pasan por Michoacán.
A esto se suma que desde hace muchos años el poder del Estado en Michoacán es escaso o ausente, la policía ineficaz y corrupta y mucha gente haya quedado sin medios de vida con el cierre de negocios que lavaban dinero del narcotráfico.
El director del programa para América Latina de Crisis Group recuerda también que Michoacán fue intervenido por la autoridades federales en 2009, pero la justicia luego absolvió y restituyó en sus cargos a muchos de los alcaldes que fueron sacados de sus puestos por acusaciones de corrupción y vinculación con el narcotráfico.
Una nueva intervención sería “una posibilidad”, según Ciurlizza, pero por razones políticas es difícil que se recurra a esta “herramienta radical”, que requiere el respaldo de dos tercios del Congreso en dos votaciones.
