Viviendas desechables, otra pesadilla michoacana
MORELIA, Mich., 31 de diciembre de 2013.- La ilusión por tener una vivienda propia ha llevado a miles de trabajadores a contraer deudas vitalicias a cambio de casas prácticamente desechables, ya que por la poca calidad en su construcción en unos cuantos años terminan rentadas o abandonadas.
Son viviendas deplorables pero para iniciar su patrimonio la mayoría de los trabajadores tiene que conformarse con un pie de casa, que consta de una recámara, un baño y una estancia, en la que destaca una tarja que indica que es el área para instalar una cocineta.
En el patio de servicio, donde solo hay un lavadero, las bardas perimetrales tienen una altura de apenas 50 centímetros y la cochera, que hace las veces de área verde, no está demarcada, se funden una con otra.
El sueño de formar un patrimonio se convierte en una pesadilla al año, justo cuando vence la garantía de vicios ocultos porque comienzan a aparecer grietas en los muros, los pisos se levantan y en las instalaciones eléctricas e hidráulicas surgen fugas.
Ya sea en Villas del Sol, Arko, Ario 1815 o Misión San Diego, las deficiencias están a la vista de quien quiera verlas pero los trabajadores están en la indefensión, a merced de los prestamistas, principalmente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Tan solo cuatro desarrolladores de vivienda popular en Michoacán y dos asesores certificados fueron suspendidos,este año, por el Instituto debido a su mal desempeño operativo y falta de calidad así como por quejas y denuncias de los derechohabientes.
De acuerdo con información obtenida en la página oficial del instituto, el 28 de diciembre, en la pestaña “Alerta para una compra segura”, los desarrolladores inmobiliarios suspendidos son: Arquitectura y Servicios para la Construcción, Constructora Orbis de Michoacán, Impulsora de Vivienda de Michoacán y Luis Samuel Lemus.
Los asesores certificados que se supone orientan a los derechohabientes para que encuentren la mejor opción de crédito, elijan la vivienda más adecuada, de acuerdo a sus posibilidades y administren bien su situación financiera y crediticia pero no lo hicieron son: Miguel ángel Cortes Díaz y Ricardo de los Santos Galicia.
En el portal no se dan detalles, únicamente se enuncia a los desarrolladores y asesores, entre los proveedores externos, que no cumplen con las normas del instituto; tampoco hay un archivo histórico, solo lo que teóricamente está vigente, pero la información era la misma tres meses atrás y solo se especifican las sanciones para los asesores pero no para los constructores.
Los casos que ameritan una suspensión por un mes son los expedientes mal integrados o que no cumplan con los requisitos para el trámite del crédito, quejas de los derechohabientes, índice de cancelación mayor al establecido por delegación, no asesorar a los derechohabientes con posibilidad de obtener un subsidio, siempre y cuando el incumplimiento se de tres veces o más en un mes calendario.
No incluir una foto en el expediente, amerita una baja temporal aunque no se especifica por cuánto tiempo y cuando se presenta denuncia la sanción es la baja hasta que se solucione la demanda. Dependiendo de la resolución, puede reactivarse el registro o causar baja definitiva.
No cumplir con la ley, los reglamentos, procedimientos, políticas y obligaciones establecidas por el Infonavit para el mejor desempeño de su asesoría, causa baja temporal o definitiva
Gestionar expedientes a nombre de un asesor no certificado, suspendido o vetado, cobrar por el trámite del crédito, presentar expedientes con documentación falsa son causas de baja definitiva.
Tampoco es posible conocer cuántos derechohabientes han sido afectados por la falta de ética de desarrolladores y asesores ya que desde el pasado mes de octubre se solicitó entrevista con el delegado Julio Antonio Guajardo Villarreal y, a pesar de la insistencia, a la fecha no ha sido autorizada. Sus secretarios invariablemente dicen que está muy ocupado.
Son pocos los derechohabientes del Infonavit que acuden en busca de apoyo a otras instancias gubernamentales como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya que a lo largo de 2013 en la delegación de esta capital únicamente se recibieron 14 quejas.
Blanca Lizbeth Hernández García, jefa del departamento de servicios de la Profeco, quien atendió a la reportera ante la informalidad del delgado Miguel Idelfonso Mares Chapa, pidió tiempo para consultar si podía dar a conocer los nombres de las empresas contra las que se presentaron las quejas, si son 14 diferentes o si una o dos las acumularon el total pero pasaron los meses y no la ha proporcionado.
Solo dijo que la constante en las quejas recibidas es el incumplimiento en la fecha de entrega de la vivienda, la negativa a devolver el dinero para “apartarla”, el cual oscila entre 25 y 30 mil pesos así como la falta de cumplimiento de la garantía para la reparación de vicios ocultos.
La funcionaria federal consideró que por el monto que representa una vivienda, la mayoría de las personas que no están satisfechas con su adquisición evitan el trámite conciliatorio y optan por iniciar un proceso judicial.
En el Poder Judicial no es posible determinar cuántos casos se llevan por el incumplimiento de contratos o la mala calidad de las viviendas y que podría configurar delitos como abuso de confianza o fraude porque sencillamente el archivo no se lleva por tipo de delitos sino por expedientes que se dividen en grandes rubros como mercantil, familiar o penal.
