Necesario acabar con la desigualdad territorial: investigador
MORELIA, Mich., 16 de diciembre de 2013.- Es necesario acabar con la desigualdad territorial si quiere solucionarse el problema de la pobreza extrema alimentaria, afirmó John Scott Andretta, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y consejero académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo a un comunicado de prensa, el académico enfatizó que mucha de la complejidad para instrumentar políticas públicas tiene que ver con esas desigualdades territoriales, que plantean retos y dificultades a la hora de asignar recursos a la población en pobreza; “de ahí la importancia del enfoque territorial que se ha dado a la política de protección social”.
John Scott Andretta impartió la conferencia “El enfoque territorial de la protección social”, en la cual ejemplificó el caso de una comunidad con el 90 por ciento de su población en pobreza, donde el problema radica en cómo llegar a una localidad sumamente apartada, algo que ya ha resuelto exitosamente el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
En contraste, dijo, asignar recursos a los pobres en zonas urbanas, donde la tasa de pobreza es baja pero el número de pobres es muy alto por la población total, es algo que todavía no se logra solucionar del todo, debido a que no se cuenta con mecanismos efectivos para identificar a la población objetivo.
Por ello, es necesario generar esos mecanismos de identificación, e incluso de autoidentificación, informando a la población su derecho a obtener determinados apoyos sociales si cumple con determinadas características o perfiles.
El investigador del CIDE dio a conocer que desarrolla un proyecto con miras a evaluar las desigualdades territoriales en el acceso a los principales programas de protección social, además de que busca conocer el efecto de la expansión en cobertura en las pasadas dos décadas y las brechas por cubrir.
Con ello, será posible contar con una plataforma amplia para medir, evaluar e informar la coordinación territorial de la política de protección social en su conjunto.
