La mochada
En materia de presupuesto, son los municipios del país los que más sufren por acceder a él. Para que un municipio reciba los recursos que le han sido asignados, deben pasar meses y, también, que el dinero haya sido “jineteado” o “recortado” en otros órdenes de gobierno. A pesar de ello, los municipios deben hacerse cargo de muchos de los servicios más importantes que requiere la sociedad, tales como seguridad, agua o alumbrado público. Es decir, la célula de gobierno que más cercana está a nuestra vida cotidiana enfrenta de manera formal innumerables problemas de financiamiento para hacer frente a sus responsabilidades.
Por si lo anterior no fuera poco, la presente semana salió a la luz pública un fenómeno que obstaculiza aún más la tarea de los gobiernos municipales en materia de acceso a recursos públicos y, por otra parte, refleja la decadencia que parte de nuestra clase política practica en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Nos dimos por enterados que en el periodo en que estuvo a discusión el Presupuesto de Egresos 2014 en la Cámara de Diputados, se presentó una práctica que no puede dejarse pasar por alto, que no puede verse de manera normal y que no debe repetirse. A saber, el cobro de “cuotas”, “diezmo” o “mochada que los diputados o sus gestores cobraron a los presidentes municipales que obtuvieron incrementos en el presupuesto que obtendrán en 2014. Por ejemplo, si un municipio obtuvo un incremento de 80 millones de pesos por la vía de alguna obra, bajo está práctica, se entendería que al “gestor” de dichos recursos le tocarían ¡8 millones de pesos!. En palabras del propio presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México, ALMAAC, “los ofrecimientos de gestores a alcaldes para obtener recursos federales vía el Congreso de la Unión provienen de todos los partidos”.
El hecho es que, ante esta práctica, los municipios, además de los costos legales a los que deben hacer frente, deben ocuparse de pagar una “mochada” a quienes por obligación constitucional deben asignar de manera imparcial, eficiente y eficaz el Presupuesto de Egresos cada año. No hay que confundirnos, una cosa es que los diputados busquen que una tajada más grande del pastel presupuestal llegue a los municipios que representan y otra, muy diferente, que por hacer ese trabajo, cobren a los gobiernos municipales.
También hay que señalar que no todos los diputados incurren en esta práctica, sin embargo es oportuno denunciar e informar de los casos que se presenten o hayan presentado. Así como en el Legislativo, en cualquier ámbito de gobierno, municipal, estatal o federal, es necesario que quienes obtuvieron la confianza ciudadana mediante el voto observen una conducta ética y honesta. El servicio público es para servir a la ciudadanía, no para servirse de él.
Lo que queda claro es que la ciudadanía no debemos acostumbrarnos a este tipo de prácticas. Ya en el pasado reciente fuimos testigos de la forma en que diputados de la pasada legislatura local llevaron a su patrimonio personal los recursos que en su momento les fueron autorizaos para destinarlos a gestiones de carácter social y mediante toscas y descaradas acciones fraudulentas robaron al ya muy empobrecido pueblo de Michoacán.
Bien harían los alcaldes afectados por este tipo de bandidos de cuello blanco en denunciarlos para al menos si no son alcanzados por la justicia debido al fuero del que indebidamente gozan, si, al menos, para que los electores no les vuelvan a conceder el privilegio de que sean sus representantes. El silencio también es cómplice.
