Café para todos
La extorsión está de moda, pero no es privativa, como pareciera, de los grupos de la criminalidad organizada. Ahora parece que también usan ese instrumento en la política y la llevan a cabo algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), que usualmente suelen darse golpes de pecho y presumir de muy moralistas y católicos, aunque también tienen miembros muy respetables y progresistas, que desafortunadamente no son la mayoría.
Resulta que este partido es hoy blanco de un nuevo escándalo de corrupción, relacionado justamente con actos de extorsión donde se halla involucrado el propio jefe de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal.
El propio presidente del PAN Gustavo A. Madero también está en la mira, porque se dice que entre los favores que se exigieron a los alcaldes, para gestionarles partidas presupuestales, figura la de apoyar su reelección.
Sin embargo, los enemigos de Madero -agrupados en torno al senador Ernesto Cordero y al ex presidente Felipe Calderón-, tampoco son blancas palomas, pues entre quienes cedieron fondos federales a presidentes municipales de Nuevo León -siempre a cambio de una “mochada”-, figura el propio diputado timbiriche Maximiliano Cortázar, un hombre allegado al ex mandatario, de quien fue portavoz en el curso de su mandato.
Villarreal asegura que la acusación es una “canallada”. Su lamento se escuchó luego que el viernes pasado un diario capitalino publicara que alcaldes y diputados federales lo acusaron de cobrar comisiones y exigir que las obras se asignaran a las constructoras que él y su hermano Ricardo determinaran.
El diputado se negó a responder estas acusaciones porque dijo que se trata de una denuncia anónima. “No le puedes contestar a quien no da su nombre, a quien se oculta en un diputado o en un alcalde que no da su nombre y un medio que, lamentablemente hace -y yo respeto el ejercicio periodístico-, una nota”, dijo.
Sin embargo, luego otro legislador de Guanajuato, Raúl Gómez, seguramente allegado de Villarreal, acusó a la alcaldesa de León, Bárbara Botello -que pertenece al PRI-, de haber formulado estas acusaciones como un acto de “revanchismo” al no haberse aprobado el endeudamiento al municipio que ella gobierna.
La edil es presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México, quien confirmó versiones que afirman que algunos diputados, de diversos partidos extorsionaron a la mayoría de los 2 mil 444 alcaldes de todo el país, para ayudarlos a obtener recursos federales para sus municipios.
Botello lamentó que los diputados abusen de su posición y se escuden en el fuero para actuar como verdaderos delincuentes.
“Sí, es algo que está sucediendo. En mi carácter de presidenta de la Fenamm he tenido conocimiento de muchos casos de extorsión. Sé lo que han padecido los alcaldes con esa situación, independientemente de viacrucis que viven para llevar sus proyectos y solicitar recursos a la Cámara de Diputados”, afirmó.
El ex alcalde de Escobedo, Nuevo León, Abel Guerra Garza, dijo que supo de esas prácticas realizadas en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando despachos de gestoría y defraudadores profesionales ofrecían a los alcaldes urgidos de recursos, gestionar partidas federales ante los diputados, a cambio de enormes “mochadas”.
También se dio a conocer que -utilizando su facultad discrecional para el reparto de recursos-, diputados federales panistas de otras entidades, como el Distrito Federal, distribuyeron fondos del Presupuesto 2014 a municipios de Nuevo León.
Según legisladores, ediles y otras fuentes oficiales, legisladores foráneos y del propio estado aportaron recursos a municipios nuevoleoneses a cambio de un “moche” económico y de favores políticos. Por ejemplo, al municipio panista de Lampazos -con una población de apenas 5 mil habitantes-, se le asignaron 70.7 millones de pesos, que contrasta con el presupuesto de apenas 46 millones que obtuvo de manera oficial el presente año.
La bolsa para el municipio nuevoleonés incluye partidas de al menos 2 diputados de la ciudad de México y el Estado de México.
Resulta que el legislador Jorge Francisco Sotomayor Chávez -a pesar de representar a la Delegación Benito Juárez, la única en el Distrito Federal que gobierna el PAN-, se vio muy generoso y decidió ceder su partida de 10 millones de pesos a Lampazos.
Otra partida fue aportada por la también panista Karina Labastida Sotelo, del Estado de México al municipio de Monterrey, que encabeza la alcaldesa panista Margarita Arellanes, quien recibió recursos de diputados de 11 estados para lograr una asignación de 331.33 millones de pesos.
Entre los que le echaron la mano a Arellanes figuran el legislador por Sinaloa, Jorge Villalobos, vicecoordinador de los diputados del PAN y brazo derecho de Madero, así como Maximiliano Cortázar.
Otro de los municipios panistas que recibió recursos de diputados de otras entidades, es San Nicolás, que consiguió una partida de 205.7 millones de pesos.
La Asociación de Autoridades Locales de México confirmó que los presidentes municipales son extorsionados por legisladores, funcionarios y gestores, antes y después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de cada año.
TAMBIÉN ALGUNOS SENADORES PRACTICAN ESTE TIPO DE EXTORSIÓN
El director ejecutivo de la organización, Ricardo Baptista, aseguró que se trata de una práctica en la que incurren todos los partidos, y que en el cobro del “diezmo” también participan senadores. “Lamentablemente es en todo el país y no es privativo de un solo partido. Esos son los reportes que tenemos las asociaciones de municipios, a los alcaldes les pone en una disyuntiva”, dijo.
“Los recursos etiquetados tardan mucho en bajar y hay quienes se acercan para decirles que para que sea más rápido y eficiente, les hacen los expedientes técnicos y les dicen que bajará más rápido el recurso”, señaló, el dirigente.
Las presiones sobre los ediles se registran, primero, cuando se negocia la aprobación del presupuesto. Luego, una vez avalado el gasto, son sometidos a una nueva extorsión para pagar “contraprestaciones” a cambio de que lleguen los recursos.
Según Baptista, el modus operandi es que llegan representantes con los presidentes municipales, enviados por algún legislador e incluso de alguna secretaría.
“El problema está identificado, pero nadie se atreve a denunciar”, indicó Batipsta, quien afirma que esta práctica es tan común, que no todos los alcaldes asumen la responsabilidad completa, sino que incluso someten la aceptación de “la mochada” a consideración de los cabildos, para no cargar con toda la responsabilidad.
El problema se ha agravado con el reparto de “bolsas” de entre 10 y 20 millones de pesos para los diputados federales, pues no todos distribuyen los recursos de manera imparcial y transparente. Se ha dicho que en la extorsión se han implicado no sólo legisladores, sino los propios alcaldes y los contratistas. Una fórmula en la que todos “ganan”.
Baptista consideró muy probable que los gestores tengan contactos en el gobierno federal, pues en la práctica sus ofrecimientos casi siempre se cumplen.
Este tipo de problemas que enfrentan los presidentes municipales, ya había sido denunciado por el alcalde Ygnacio López Mendoza, quien fue asesinado en días pasados en Michoacán. Ojalá la denuncia tenga consecuencias porque el gobierno y el Congreso no pueden asegurar que luchan contra la extorsión e incurrir ellos mismos en esa práctica.
Por lo pronto el diputado del PRD, Fernando Zárate, pidió que Villarreal solicite licencia para que se realicen las investigaciones.
“Todos los diputados que se les haya acusado de pedir, por supuesto que deben de pedir licencia, no somos ninguna oficina de gestoría, somos la representación popular”, dijo.
El tema aquí es que las tranzas de algunos diputados opacan a otros legisladores que sí trabajan para apoyar a los municipios, sin pedir absolutamente ningún centavo. Desafortunadamente el mal ejemplo y las canalladas parecen expandirse por todos los sectores del país. Lástima.
GRANOS DE CAFÉ
Enmendar el más ominoso acuerdo legislativo de que se tenga registro no prestigia a los asambleístas del partido de la Revolución Democrática (PRD) que hace casi un año tuvieron el descaro de reformar el Código Penal del Distrito Federal, para evitar que correligionarios y simpatizantes terminaran en la cárcel tras los graves disturbios del uno de diciembre pasado, fecha en que el presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión como legitimo jefe del poder ejecutivo mexicano.
Hoy esos mismos asambleístas -menos 7 de ellos que probablemente lo hicieron porque mantienen vínculos con estos grupos criminales-, se opusieron a las reformas los artículos 130, 123, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal, que califican como delito grave la alteración de la paz pública y en consecuencia se impide a los transgresores la libertad bajo fianza, precepto que nunca debió modificarse.
Naturalmente esos mismos diputados locales aspiraban al reconocimiento social, o cuando menos, limpiar un poco su muy deteriorada imagen. No lo lograron.
Hoy queda en la mente de todos los mexicanos las violentas imágenes de saqueos, robos, agresiones a policías, asaltos y violencia extrema que una y otra y otra vez personificaron esos grupos de vándalos que encapuchados se valieron de supuestas marchas de protesta para dañar la vida de los capitalinos, en todas las formas posibles.
Las víctimas de esa violencia, jamás olvidarán el grave comportamiento irresponsable que los diputados perredistas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuvieron al anteponer los “intereses” de tribus a los de la ciudadanía…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]
