Desde la izquierda
Michoacán: Declaración de emergencia social y humanitaria.
En días pasados Enrique Peña Nieto anunció la entrega de un fondo de rescate y reconstrucción al estado de Guerrero, por más de 30 mil millones de pesos, para ser aplicados en programas sociales, infraestructura y empleo temporal. Como es sabido, dicho estado fue el más afectado por el paso de las tormentas “Manuel” e “Ingrid”.
El denodado interés del gobierno federal por dicha entidad, ensombrece más su actitud de indolencia con Michoacán, hoy por hoy el estado con la crisis más aguda en todos sus ámbitos.
Los dos últimos años han representado la hecatombe de Michoacán en lo referente a su gobierno, su tejido social y su capacidad productiva. Resulta innegable que ya se rebasaron todas las condiciones mínimas que caracterizan a un estado fallido, y los escenarios actuales implican que con urgencia se declare emergencia social y humanitaria para aquellas regiones donde se siente más fuerte el golpe de la crisis.
El gobierno federal está facultado legalmente para hacer dicha declaratoria, tanto para instrumentar políticas emergentes, como para allegarse de apoyos internacionales, sin embargo el primer y más importante paso es que se acepte la situación de emergencia humanitaria en Michoacán.
Al aceptar dicha condición, el gobierno federal debe emprender acciones especiales y extraordinarias para hacer frente a la violencia, la corrupción y las violaciones de derechos humanos que padecen los michoacanos.
La situación de Michoacán es de sobra conocida: violencia, inseguridad, pobreza, desplazamientos forzados, desapariciones, extorsiones, ausencia de programas gubernamentales, debilidad institucional y un largo etcétera.
Se entiende por crisis humanitaria aquella situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia. Tales crisis suelen aparecer dentro de una situación de desprotección previa donde una serie de factores preexistentes (pobreza, desigualdad, falta de acceso a servicios básicos), potenciados por el detonante de un desastre natural o un conflicto armado, multiplican sus efectos destructivos.
Dichos fenómenos, a veces también conocidos como emergencias políticas complejas, son situaciones causadas por el ser humano, en las que una situación de violencia genera víctimas mortales, desplazamientos forzados, focos epidémicos y hambrunas; lo que se combina con un debilitamiento o colapso total de las estructuras económicas y políticas, y con la presencia eventual de una catástrofe natural. Las emergencias complejas se diferencian de las crisis por ser más prolongadas en el tiempo, tener un origen fundamentalmente político y un importante impacto destructivo y desestructurador en todas las esferas de la vida. Esas son las condiciones de Michoacán.
El segundo factor que ayuda a determinar la existencia de una crisis humanitaria es la evolución del desplazamiento interno forzado, es decir, aquel que se produce por efecto de la violencia dentro de las fronteras de un país.
Una vez que se hace la declaratoria, el gobierno federal debe de proveer de asistencia humanitaria y servicios básicos a las personas afectadas por conflictos armados y situaciones de violencia, esto implica que los afectados reciban apoyo en áreas críticas de su supervivencia misma, como son la alimentación, el agua, el alojamiento físico, o el acceso a servicios de salud.
La situación de emergencia humanitaria deriva de la vulneración masiva, generalizada y reiterada de los derechos constitucionales de la población desplazada, no sólo por causas asociadas al conflicto armado interno, sino también debido a problemas de tipo estructural y sistémico relacionados con la ausencia de políticas públicas idóneas y eficaces para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno. También es la situación de Michoacán.
México, junto con Guatemala, Colombia y Perú, es uno de los países con mayor movilidad a causa de la violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que de 230 mil desplazados, 115 mil cruzaron la frontera hacia Estados Unidos.
Específicamente, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), podría acompañar al gobierno federal a constatar que en Michoacán se viven las condiciones emergencia humanitaria en ascenso.
Para ello, el Estado mexicano debe garantizar la protección de los derechos de los michoacanos y para ello debe:
a) Hacer un reconocimiento explícito de que existe un conflicto armado en Michoacán, que existe vulneración flagrante de los derechos humanos y del desplazamiento y de sus víctimas.
b) Realizar una evaluación y medición del fenómeno, tanto cuantitativa como cualitativa
c) Llevar a cabo las medidas necesarias para minimizar la situación de riesgo de las víctimas de la violencia.
d) Crear un marco normativo a nivel federal que incluya no sólo el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la violencia, sino que identifique claramente a los responsables de atender este fenómeno y que coadyuve a instrumentar políticas públicas de atención a los ciudadanos afectados.
Michoacán es una entidad donde la violencia se ha salido del control de las autoridades, y esto se presenta dentro de los vacíos de poder de Estado, hay muchos grupos u organizaciones privadas y estatales, que ocupan sitios que le corresponden al Estado.
Se han desmantelado algunas instituciones del sistema autoritario anterior del PRI pero no las han reemplazado con instituciones democráticas, socialmente consensuadas y que funcionen en la práctica.
Se tiene que aceptar la situación de emergencia en el estado y emprender acciones de inmediato.
Desde el PRD, estamos trabajando para que el estado salga adelante. Con nuestros alcaldes y legisladores en el Congreso local, Federal y Senado de la República mantenemos la cercanía a través de la gestión y apoyo para el estado y cada uno de sus municipios, el trabajo coordinado nos permitirá darle un mayor impulso al desarrollo del estado y con ello, una mejor calidad de vida a los michoacanos.
El compromiso es sacar adelante a Michoacán y por ello, en la pasada reunión con el Gobernador Fausto Vallejo lo refrendamos para coadyuvar a recuperar la gobernabilidad del estado. Seguiremos siendo una oposición respetuosa y propositiva. No somos factor de división o polarización social, y por ello ratificamos que estamos abiertos al diálogo y a colaborar en los temas que coincidimos, anteponiendo los intereses de las y los michoacanos.
