Unidades antilavado en cada estado, plantea PGR

PUEBLA, Pue., 3 de noviembre del 2012.- Marisela Morales, titular de la PGR, anunció que pedirá al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) otorgar apoyos a los 31 estados y el Distrito Federal para que cuenten con sus propias Unidades de Inteligencia Patrimonial Económica y fortalecer la investigación contra el lavado de dinero, según una nota de Milenio.“Se acordó exhortar al secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se otorguen apoyos a las entidades federativas, a efecto de que puedan constituir Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica dentro de la estructura orgánica de sus instituciones de procuración de justicia”, manifestó.Al clausurar los trabajos de la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, destacó entre los acuerdos alcanzados el protocolo para combatir el plagio.Refirió que aprobaron el contenido de los operativos bajo los cuales guiarán su actuar las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, en materia de actuación en secuestros, vigilancia no intrusiva, atención a las víctimas y búsqueda de indicios.Morales informó que también aprobaron una propuesta de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que tanto particulares y empresas privadas, registren la huella balística del armamento que tienen permitido portar.El objetivo es fortalecer la integración de la Base de Datos de Identificación Balística (IBIS).Comentó que analizaron la importancia de implementar los mecanismos necesarios para proteger a quienes intervienen en los procedimientos penales, en armonía con lo previsto en las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, así como de las legislaciones federal y local en materia de protección a personas.“Derivado de lo anterior, acordamos que la Procuraduría General de la República, elabore y remita a cada una las instancias locales de procuración de justicia, para su análisis y promoción, un proyecto de iniciativa para reformar su respectiva legislación a efecto de facultar a los directores del Registro Civil para expedir, cuando lo solicite la autoridad local o federal competente, las actas de nacimiento que posibiliten un cambio de identidad”, explicó.Para atender la problemática delincuencial y de los flujos migratorios en la frontera sur del país, dijo que decidieron convocar a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, a fin de analizar y mejorar las medidas de control de ingreso y salida de extranjeros del territorio nacional, así como adoptar mecanismos biométricos para dicho efecto.Indicó que se debe gestionar el incremento del despliegue de elementos de las fuerzas federales en dicha frontera para garantizar acciones contundentes en las labores de protección.MAQUINITAS, OTRO NEGOCIO ZETA EN COAHUILA-El cártel de Los Zetas no sólo comercializa carbón en Coahuila, sino también controla maquinitas de videojuegos ubicadas en misceláneas, además de que ha tenido participación en casinos o extorsionan a sus propietarios.Lo anterior se desprende de las investigaciones que realiza la procuraduría de justicia de esa entidad, que ha descubierto que la organización delictiva cuenta con un gran flujo financiero que le permite una gran movilidad en la zona. Para fortalecer sus operaciones, los delincuentes también echan mano de la extorsión y el secuestro.Entrevistado luego de participar en la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el procurador de aquella entidad, Homero Ramos Gloria, reconoció que el grupo delictivo ha impactado a un sector de los coahuilenses. “Tienen un flujo de financiamiento que van desde las maquinitas en una miscelánea hasta la posibilidad de comercializar carbón.Por otra parte, la Procuraduría estatal informó que fue dictado auto de formal prisión a nueve ex funcionarios del Cereso de Peidras Negras, de donde se fugaron 131 internos el pasado 17 de septiembre.Entre a los que se les aplicó la medida se encuentran José Miguel Pérez Reséndiz, ex director del penal; Dalia Yudith Ramírez, ex subdirectora, y Rubén Sánchez, ex jefe de seguridad y custodia.