Sin sanciones por robo o daño al transporte público
MORELIA, Mich., 11 de octubre de 2013.- En los últimos 20 años ninguna de las denuncias que presentó la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo, (Canapat) derivó en algún tipo de sanción o castigo para los responsables de la retención de autobuses o por el daño que han generado en las unidades de manera parcial o total en Michoacán.
En entrevista, Arcadio Méndez, líder de la Canapat en la entidad, refirió que se han presentado más de 2 mil denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por distintos eventos, pero ninguna derivó en fincar alguna responsabilidad a pesar de que existen casos en los que se tienen fotografías que identifican a protagonistas de delitos como robo en uso, daño en las cosas y hurtos a las unidades.
“Definitivamente no hay ningún avance, en los veinte años que hemos sido víctimas de los estudiantes (normalistas) y se han presentado las denuncias con los diferentes procuradores de administraciones distintas, tanto perredistas como priístas, en ninguna ha existido la intención de hacer algo”, recalcó.
Igualmente, el líder empresarial dijo que el destino que han tenido todas las investigaciones que se han abierto es descansar en un archivo, en donde se acumulan nuevos casos, incluso en algunos ocasiones los denunciantes optan por desistir para continuar trabajando.
“Yo no he visto que detengan a nadie por una denuncia a maestros o estudiantes”, resaltó.
Arcadio Méndez refirió que está a punto de cumplirse un año de que en Tiripetío, al interior de la escuela Normal Vasco de Quiroga, siete unidades que habían sido retenidas, por los normalistas, fueron quemadas sin que hasta la fecha exista un solo responsable por los 28 millones de pesos que generó de pérdidas al sector ese evento ocurrido durante el operativo que desplegó la Policía Federal con la intención de recuperar varias unidades en poder de los estudiantes.
A pesar de ese incidente, los autobuses de pasajeros de líneas comerciales continúan siendo retenidos en las carreteras, principalmente en los tramos cercanos a las escuelas Normales de Educación de Tiripetío, Arteaga y Cherán.
Los estudiantes normalistas de manera reiterada utilizan las unidades para trasportarse a sus manifestaciones en la capital del estado o mantenerlos en su poder hasta culminar alguna negociación con diferentes autoridades gubernamentales.
Además de que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha resuelto ninguna denuncia, los trasportistas afectados tienen que enfrentar el burocratismo de la dependencia estatal, debido a que cuando los autobuses son sustraídos por los estudiantes ni siquiera existe el intento por detenerlos, sin embargo, los choferes de las líneas de camiones son detenidos frecuentemente por la policía debido a que la unidad tiene reporte de robo.
La causa, explicó Arcadio Méndez, reside en lo complejo que resulta el trámite para boletinar que la unidad que había sido denunciada ya fue devuelta a sus dueños.
En este caso se les exige a los trasportistas llevar físicamente el camión a la instalaciones de la PGJE para poder tramitar el desistimiento de la denuncia, lo que resulta una pérdida de tiempo y de dinero para las empresas, las cuales lo que buscan es que su unidad sea revisada mecánicamente para que nuevamente esté en condiciones de circular y no perder más días sin estar prestando el servicio, recalcó el representante de la Canapat.
“Luego los (policías) ministeriales nos detienen al autobús y al conductor porque tienen un reporte de secuestro del conductor y de robo de la unidad, entonces nos extorsionan y tenemos que proceder a llevar la unidad a la procuraduría para desistirnos y mencionar que el operador se encuentra con nosotros así como la unidad”, explicó.
En este sentido, dijo que la Canapat solicitó a la PGJE que el trámite para desistirse de una denuncia sea rápido y no sea una carga, sin embargo no han obtenido ninguna respuesta positiva.
