Teléfono Rojo

Por lo investigado, tanto en la residencia oficial de Los Pinos como en la Secretaría de Gobernación (Segob) hay la convicción de haberles dado cuanto la ley permite y ahora sólo resta su aplicación.

Esa convicción incluye la certidumbre de no volverlos a ver en la Plaza de la Constitución, de donde salieron el 13 de septiembre tras dos hechos conocidos: la firma de un acuerdo ante el propio secretario Miguel Angel Osorio Chong y el uso de la fuerza pública al mando de Manuel Mondragón.

Han sido seis meses de desgaste.

Los registros oficiales vienen desde principios de marzo, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudió a Los Pinos y presentó un escrito al director de Atención Ciudadana, Ricardo Martí.

Luego se instaló una mesa de negociación en la cual se alternaron por igual representantes de la Coordinadora y del gobierno, siempre bajo la vigilancia de Osorio Chong y a menudo conducida por el subsecretario Luis Enrique Miranda.

Durante más de medio año el camino ha sido sinuoso, con severos retos a la autoridad como los bloqueos de la carretera México-Acapulco, la toma e incendio de edificios partidistas en Chilpancingo,  suspensión de clases en varios estados –Oaxaca es el más agraviado-, el plantón en el Zócalo capitalino y la alteración de la vida del Distrito Federal.

Las autoridades dieron por cerrado el conflicto el fin de semana antepasado.

Se firmó un acuerdo donde los dirigentes –incluido Rubén Rueda, a cuyo mando los niños oaxaqueños pierden otro año más de clases- se comprometen a desistir del paro laboral y de retomar la plancha de la Plaza de la Constitución.

De acuerdo a este escenario, corresponderá a los gobiernos estatales –al federal en la ciudad de México- responder a los reclamos específicos de sus secciones pero, sobre todo, a aplicar todas las normas de la reforma.

Los propios gobernadores han recibido esta instrucción en llamadas específicas, aunque debía haberles bastado lo dicho por el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, en la Cámara de Diputados el pasado 25 de septiembre:

“Las autoridades educativas locales en cada entidad están obligadas a hacer cumplir, sin excepción alguna, las nuevas leyes vigentes…

“Las normas no son negociables. Por la educación de calidad y de equidad, dejémonos influir por la realidad, pero también influyamos en ella. Si no lo hacemos, seremos siempre esclavos de la necesidad”.

Con base en estas órdenes, en la cúpula política ve con preocupación la debilidad de algunos gobiernos como el de Oaxaca, donde el dirigente magisterial Rubén Núñez presume haber obtenido promesas de impunidad de Gabino Cué.

Eso pondría en riesgo tanto la reforma como los acuerdos del magisterio con el gobierno federal porque de nada servirá levantar actas administrativas por abandono laboral.

La CNTE ha tomado el mismo camino del movimiento #yosoy132.

Surgida como espontánea e independiente tras la visita del entonces candidato Enrique Peña a la Universidad Iberoamericana (UIA), esa organización estudiantil terminó por adherirse públicamente a la campaña de Andrés López.

La Coordinadora va por el mismo camino.

El domingo antepasado selló una alianza con el tabasqueño y en varios estados el magisterio ya trabaja por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena).

Este apoyo llega en buen momento para El Peje.

La integración de cuadros estatales y regionales para acreditar al nuevo partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE) ha tenido problemas porque ha dejado de cautivar como en el pasado y al parecer ya no fluyen los recursos como antes.

Aunque concurridas algunas marchas, la cruzada contra la reforma energética y las imaginarias privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas tampoco ha generado movilizaciones masivas.

Por ello López ha vuelto los ojos al magisterio en busca de respaldo y lo tiene a través de la CNTE.

Quién lo hubiera imaginado: el gremio de Elba Esther Gordillo hoy al servicio de su principal crítico.