Café para todos
Probablemente el término de “Grupos de Autodefensa” o “Policías Comunitarias” no explique a cabalidad lo que significa ni lo que está ocurriendo en determinadas zonas del país, en particular Guerrero y Michoacán. Algunos, incluso pensarán que es casi “natural” que la gente se organice ante el embate de la delincuencia y los cárteles de las drogas.
De hecho, bajo el término “policías comunitarios”, en muchas comunidades rurales mexicanas existen cuerpos armados, regidos bajo el precepto de usos y costumbres.
Estas organizaciones, en términos de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas -aprobada al influjo del movimiento zapatista surgido en enero de 1994-, son aceptadas o por lo menos toleradas por las autoridades en aquellas localidades donde ni siquiera existe población indígena o no son considerados municipios autónomos.
Se trata de ciudadanos que se han organizado y llenan espacios que no han podido cubrir las fuerzas armadas ni las policías locales o federales. Y el ejemplo en este sentido -aunque parezca un fenómeno exclusivamente que atañe a países con bajo nivel de desarrollo-, a nivel mundial es evidente.
En opinión del experto Andrés Penachino, director adjunto de Procedimientos Policiales en Argentina, “fueron estudiosos estadounidenses quienes en la década de los años 80, coincidieron en afirmar que era necesaria la adopción de este nuevo modelo integral, por medio del cual sociedad y policía adecuadamente articulados, identificasen y buscaran soluciones a los problemas que afectan la seguridad ciudadana. Este modelo se denominó Policía Comunitaria, y así se le sigue llamando”.
Agrega que este modelo, ha alcanzado prestigio mundial y no se limita solamente a poblaciones de Estados Unidos -San Diego, Orlando, Nueva Jersey y Los Ángeles-, sino que ha traspasado las fronteras y culturas policiales, trascendiendo realidades urbanas y rurales en los cinco continentes, y que es posible hallar este tipo de programas en Gran Bretaña, Bélgica, Noruega, Francia, España, Japón y Malasia.
Sin embargo, un hecho es que “Policía Comunitaria” esté presente en ciertas regiones de México, y otro -sobre todo las de nuevo surgimiento-, que sirvan a grupos delincuenciales y cárteles de la droga para encubrir todo tipo de actividades delictivas, entre ellas el secuestro y la extorsión.
Y eso parece estar ocurriendo en algunas zonas de Michoacán y Guerrero, sobre todo en la región conocida como Tierra Caliente, en las costas del Pacífico, que se caracteriza por su gran actividad del cultivo o trasiego de drogas.
En Guerrero, ya han surgido “grupos de autodefensa” en localidades como Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán y Ayutla, y de hecho se ha conformado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que presiona a fin de sacar al Ejército y la Marina de sus comunidades.
En Michoacán, estos grupos han crecido y atizan la ola de violencia que amenaza con quedar fuera de control.
Los grupos paramilitares, que se autodenominan “policías comunitarios” han desafiado a fuerzas federales y locales y parecen tener el respaldo de poderosos cárteles que se disputan el territorio, como Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.
La situación se ha tornado más crítica en Michoacán, por el ambiente de ingobernabilidad en el estado, ya que el gobernador Fausto Vallejo está de licencia desde hace 7 meses -sometido a un trasplante de hígado-, y se espera que retorne a sus actividades hasta a comienzos del 2014.
En esa entidad, al menos cuatro alcaldes, de los municipios de Aquila, Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla, se han visto obligados a trabajar fuera de sus localidades a raíz de las amenazas de los “grupos de autodefensa”.
El 21 de mayo pasado, las autoridades se vieron obligadas a enviar contingentes de la Policía Federal, el Ejército y la Armada, a causa del recrudecimiento de la violencia en Tierra Caliente, en los límites de Michoacán, Estado de México y Guerrero. Los expertos estiman que los últimos episodios de violencia en Aquila y otras localidades como Tepaltepec, Buenavista, Coalcomán, Chinicuila y Aguililla, obedecen a que es la temporada de cosecha de marihuana.
Hace unos días, un grupo de 66 militares fueron retenidos por más de 4 horas en el municipio de Aquila, después que el Ejército arrestó a 45 miembros de una organización de “autodefensa”, entre los que figura Agustín Villanueva, acusado de secuestro y robo y dirigente de quienes integraban este grupo.
El 22 de mayo pasado se desató un episodio similar en la comunidad La Ruana, donde el gobierno federal negoció la liberación de 47 militares.
LOS “POLICÍAS COMUNITARIOS” GUERRERENSES YA HASTA CONOCEN LOS ALCANCES DE LA REFORMA ENERGÉTICA
Y como si no fuese suficiente, ahora resulta que hasta las “Policías Comunitarias” en Guerrero están uniéndose para rechazar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.
Gonzalo Molina González, dirigente de la CRAC, asegura que Peña Nieto “quiere someter a los pueblos para aplicar reformas que sólo benefician a compañías extranjeras. Con la reforma energética, el gobierno federal quiere consumar el robo del siglo al entregar el petróleo a empresas extranjeras”, afirmó.
Molina González inclusive invocó a Vicente Guerrero para señalar que si él viviera “alzaría su espada contra los enemigos de la Patria y nos convocaría a luchar sin cuartel contra las fuerzas del gobierno opresor” y agregó que el Ejército y la Marina habían incursionado en sus comunidades “intimidando a nuestros pueblos y hostigando a nuestra policía comunitaria, con el pretexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Si el accionar de las denominadas “policías comunitarias” no estuviese corrompido por los capos del narcotráfico o el lumpen partidista de la mal llamada “izquierda”, me atrevería a considerar que podrían llegar a ser un instrumento útil para mantener la seguridad en aquellas localidades dispersas y aisladas del país, en sitios remotos, montañosos, selváticos, desérticos, donde precisamente por ello no hay presencia de elementos formales de seguridad del Estado.
Sin embargo, en los sitios donde recientemente han surgido organizaciones bien pertrechadas, con armas de alto poder, y poseedoras de arsenales impresionantes, vale la pena desarticularlas y someterlas al imperio de la ley.
En América Latina, las Policías Comunitarias subsisten en El Salvador, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina. Sin embargo en estas naciones no todos los procesos han sido exitosos y es necesario mirarse al espejo de Colombia, porque comparte una problemática similar con México, principalmente por la actividad del narcotráfico.
Los “paras”, como se les llamó coloquialmente en ese país sudamericano, comenzaron a expandirse desde comienzos de la década de los 80, tolerados y alentados por el propio gobierno -algunos incluso entrenados por militares extranjeros-, con el propósito inicial de brindar seguridad a las comunidades rurales y semi urbanas del interior del país, pero finalmente desviaron sus fines para servir a los grandes intereses oligárquicos y proteger a los capos del narcotráfico, que aún disponen de grandes extensiones donde cultivan y procesan cocaína.
A estos grupos se les atribuyen varias masacres en poblaciones supuestamente bajo el control territorial de la guerrilla. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, la situación alcanzó tal nivel, que los integrantes de las “Policías Comunitarias” -llamadas Autodefensas Unidas de Colombia-, aceptaron un cese de hostilidades y su desmovilización, como requisito para una negociación con el gobierno.
Hasta hoy, en ese país se han desmovilizado cerca de 32 mil integrantes de estos grupos paramilitares, aunque hace 5 años, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados a Estados Unidos, 14 connotados ex paramilitares.
México todavía está a tiempo de tomar el control de estos grupos y evitar su propagación. Ciertamente el coctel inseguridad-impunidad no es el más recomendable, y la participación abierta o soterrada de narcotraficantes y delincuentes de toda laya entre quienes conforman las “Policías Comunitarias”, es un verdadero riesgo para el país.
El reciente desafío hacia las instituciones -con evidente agravio hacia el Ejército o la Marina-, es de por sí un mal augurio, y algunos le apuestan a la revuelta o a la represión gubernamental. ¿Hasta dónde quieren llegar quienes defienden la actividad de las “Policías Comunitarias”?
Habría que mirarse seriamente en el espejo de Colombia, que hoy -gracias a la eliminación de visado para ingresar a México-, también se ha convertido en gran exportadora de delincuentes hacia nuestro país.
GRANOS DE CAFÉ
… El paro de labores que iniciaron los maestros de Oaxaca al comienzo de este ciclo escolar, evidencia la no sólo la radicalización de un movimiento que carece de legitimidad social -porque ni siquiera al interior del magisterio nacional cuentan con simpatías-, sino toda una estrategia de desestabilización por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para ganar adeptos y hacerse del control total del sindicato más grande de América Latina, tarea en la que están empeñados desde que quedó conformada en 1981, con profesores disidentes de Chiapas, Tabasco, Guerrero y Valle de México.
Aunque el movimiento se comenzó a gestar a finales de 1979, varios años después encontró en Oaxaca las condiciones idóneas para reproducirse y en esa entidad mantiene presencia real y destructiva.
Pertenecientes a la Sección 22 de la CNTE, los maestros oaxaqueños -acostumbrados a realizar paros indefinidos de labores y plantones en la ciudad de México-, ahora están frente a la encrucijada de bajarle a sus pretensiones, ya que hasta Gabino Cué, su eterno aliado, comentó que existe la posibilidad de descontarles salarios a los paristas que afectan a más de 860 mil niños, que representan el 60 por ciento de los estudiantes que cursan la educación básica, sobre todo, de las entidades más atrasadas.
La condena social a esta serie de manifestaciones de inconformidad de los mentores ha crecido en todo el país, a tal grado que -en el marco de la inauguración del ciclo escolar 2013-2014, encabezado por presidente Enrique Peña Nieto en Xochitepec, Morelos-, de cara al primer mandatario, el gobernador Graco Ramírez, de extracción perredista, repudió el paro.
Allí, al tiempo en que condenó las protestas magisteriales “porque les niegan a los niños de México su derecho a la escuela y a la educación”, le dijo también al presidente que apoya su reforma energética y fiscal, pues con ellas habría más recursos para la educación.
Las virulentas protestas de los maestros de la CNTE, de hecho muestran que la Reforma Educativa aprobada por el Congreso es prácticamente irreversible, como seguramente ocurrirá con las leyes secundarias de la Reforma que se discute en la Cámara de Diputados.
En ese marco, que mueve a suspicacias a los mentores, el presidente Peña Nieto dejó en claro que las leyes secundarias de la reforma educativa respetan plenamente los derechos y la estabilidad laboral de los docentes.
Las tres leyes secundarias que se discuten en la Cámara de Diputados, son la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto de Evaluación, y las modificaciones a la Ley General de Educación.
Los maestros paristas de la CNTE se han opuesto a cada una de ellas. En el fondo, pretenden mantener el estatus de incompetencia que caracteriza a una buena parte de ellos, como ha quedado demostrado en las evaluaciones a las que han sido sometidos.
El propio secretario de Educación, Emilio Chuayfett dejó en claro que el gobierno federal ya hace su parte con la creación del sistema de gestión informativa para mejorar el sistema educativo y que hay nuevas reglas para los profesores que deseen concursar por una plaza, quienes tendrán dos años para probar que son competentes.
Precisamente por su falta de preparación, los mentores oaxaqueños llegaron hasta la capital del país para intentar, sin éxito, sabotear la discusión legislativa, para lo cual intentaron entrar a la Cámara de Diputados, lo que terminó en enfrentamiento con la fuerza pública.
Empero, el gran paso ya está dado. Se tiene una Reforma Educativa que, sin ser la panacea, puede cambiar el rumbo del país en el mediano y largo plazo y abrir oportunidades a las nuevas generaciones para acceder a un país más justo, donde la CNTE no sea más que un mal sueño.
A nadie le parece justo que este grupo mantenga de rehenes a los niños de las entidades más atrasadas del país. México no lo merece...Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]
