Libre expresión...
Lo mínimo…
“Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz”… Juan Pablo II. (1920 – 2005) Papa de la Iglesia Católica.
En la víspera de que el Consejo Técnico del Acuerdo por Michoacán, termine y haga público el documento final, la expectativa ciudadana es que establezcan con toda puntualidad qué sigue para rescatar al estado de todas sus crisis.
Se supone que tras venirse prorrogando, este miércoles deberá estar listo, porque además, es la condición del Gobierno Federal para sumarse de lleno al rescate de la entidad.
No puede ser un documento demagógico, por el contrario, ante las urgencias que vive Michoacán, el Acuerdo debe ser extraordinariamente concreto, con metas claras, puntuales y medibles, donde se incluya un diagnóstico real y transparente en la mayoría de las áreas, pero en especial, en seguridad, finanzas y educación.
Ahora bien, siendo sinceros, para lograr la estabilidad y progreso del estado, en buena medida se requiere de recursos económicos. Por lo que el progreso contundente depende en mayor medida del Gobierno Federal. Es de allá de donde podría llegar el financiamiento para que inicien obras y se puedan sanear las finanzas mientras se alcanzan otras reformas para que haya un mejor reparto de la riqueza, donde el federalismo recobre bríos y haya mayores recursos para estados y municipios.
Así que para obligar a Enrique Peña Nieto a respaldar con decisión a Michoacán y convencer de ello a los michoacanos, el acuerdo debe incluir como mínimo:
- Propuestas de obras y acciones que deben desarrollarse en las diferentes regiones del estado, para que haya derrama económica y generación de empleos.
- Transparencia plena en la deuda total que tiene el estado y una estrategia de cómo se podrá abatir semejante situación.
- Aplicación de la ley para que haya rendición de cuentas y de una vez por todas quede claro si hubo o no un manejo irregular de recursos públicos en el 2011, durante el gobierno que encabezó Leonel Godoy.
- Que se estipulen políticas de austeridad y plena publicidad del manejo financiero de todos los poderes estatales.
- Que establezcan una dinámica de trabajo que incluya a todos los sectores representativos de la sociedad y no sólo a los mismos de siempre.
Esta vez, no hay tiempo ni humor para más retórica. Cada uno de los sectores de la población estatal necesita de hechos concretos que les ayude a creer que esta vez va en serio.
Urge claridad en el gobernar, para que los prestadores de servicios de la autoridad estatal, no tengan que pagar ya diezmos para lograr licitaciones o el colmo, para que les paguen lo que les deben. Sólo eso generaría ahorros en un 10, 20 o hasta 30 por ciento del dinero que gasta el estado en servicios, obras y otros.
No debe prevalecer un presupuesto en el Congreso estatal que no se audite, deben terminar con el sospechosismo de que los “representantes populares” negocian, levantan la mano a cambio de beneficios, manejan dinero a discreción para presuntas labores sociales y hasta logran convenios millonarios con el Ejecutivo para realizar obras en sus distritos. Son legisladores y a ello deben ceñirse.
Debe trabajarse para que el Tribunal de Justicia sea una instancia de confianza, de buen servicio… y no sólo el cúmulo de funcionarios que mejor ganan, que nadie les critica para que no haya represalias, los que quieren ser auditados sólo por sí mismos.
En la medida en que cada instancia de poder en el estado labore en una caja de cristal, podrán hacer que los vicios y las mafias enquistadas en la Administración Pública mejoren en alguna medida. Sólo entonces tendrán la calidad moral y la credibilidad para que el resto de los michoacanos haga su parte.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
