Ultimátum del Gobierno a la UPOEG
Lo que se pensaba iba a ser una reunión cordial y de acuerdos, resultó todo lo contrario. Fue una sesión ríspida y con posiciones determinantes que no admitían ninguna consideración en contra. La Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) fue la que recibió la peor parte.
Los dirigentes y representantes comunitarios fueron reconvenidos por su irresponsable actuación en el municipio de Tecoanapa, particularmente en el punto conocido como El Pericón, donde un batallón del ejército mexicano fue rodeado y retenido por la población durante más de 24 horas por el hecho de haber detenido en el retén militar a guardias comunitarias que portaban armas de alto calibre de uso exclusivo de las fuerzas armadas de México.
Los comunitarios se defendieron como pudieron pero no negaron su interés de seguir funcionando como guardias ciudadanas para evitar desmanes del crimen organizado o la delincuencia común o los abigeos que azotan la zona de la costa chica y reiteraron que seguirán portando armas para defenderse de estos criminales.
Lo que se dijo y se advirtió en la reunión sostenida en la subsecretaría de gobernación federal no fue publicitado y los protagonistas dijeron a los medios de comunicación solo lo que les convenía y la posición de la secretaría de gobernación se dio a conocer mas tarde, en donde ponen los puntos sobre las íes y exigen respeto a las instituciones nacionales y mientras no den respuesta puntual a ello, no habrá mesa de diálogo ni con el gobierno federal ni con el estatal.
Los representantes de la UPOEG dijeron en esa ocasión que su posición final al respecto se iba a dar en la samblea que sostendrían el sábado (pasado), lo cual ocurrió de manera puntual, pero en donde, en lugar de expresar su respecto al ejército mexicano y a las instituciones nacionales, los asambleístas reiteraron su denuncia de que los soldados solo han acosado y hostigado a la población y manifestaron que seguirán vigilando los pueblos en cerca de 40 municipios donde tienen presencia y exigieron que las fuerzas federales no los hostigaran y en cambio pusieran freno a la delincuencia común y organizada.
Es mas, los UPOEG, ya envalentonados durante la asamblea sabatina, acusaron que el gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero no gobierna y pusieron como ejemplo lo que sucede en Zihuatanejo, donde afirmaron que ese territorio está controlado por el grupo criminal Los Templarios oriundos del vecino estado de Michoacán.
Tratando de aminorar los mensajes contundentes de los asambleístas, el dirigente Bruno Plácido manifestó que no se ha roto el diálogo con los gobiernos federal ni estatal. El mismo discurso, pero mas escueto, lo expresó el secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien ‘desconociendo’ el comunicado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y las de su propio jefe, Aguirre Rivero, manifestó que no se ha roto el diálogo con los de la UPOEG.
Lo cierto es que los enanos le han crecido rápido y le han salido beligerantes al gobernador Aguirre, quien aún y con su discurso en el acto de Tixtla, en donde se homenajeó al general Vicente Guerrero Saldaña, donde hizo un amplio y sentido reconocimiento a los miembros del ejército mexicano, no ha logrado controlar a dicho grupo quien además ya amenazó con realizar otra asamblea mas amplia y una movilización los primeros días del mes de Septiembre próximo.
El gobernador Aguirre debe recomponer su narrativa frente a los hechos sucedidos en El Pericón y posteriormente en la Secretaría de Gobernación y además, deberá asumir responsablemente una postura frente a los grupos beligerantes que no quieren sujetarse a la ley y continuar funcionando en forma libre e independiente como un movimiento armado irregular que bien puede o no confrontar a los policías municipales, estatales o federales o a las propias fuerzas armadas (léase ejército y marina).
No caben ya más dobles discursos.
O el gobernador someterá a los grupos que él mismo le ha dado vida y aliento o tendrá que enfrentar las consecuencias que esta insurrección provoque en el gobierno federal y sobre todo dentro de las tropas castrenses.
Los de la UPOEG se sienten seguros por el respaldo que les ha otorgado el gobierno estatal, lo cual los ha llevado a exhibir algunos excesos como son el de descalificar al propio gobernador Aguirre en cuanto al poder que ejerce en Guerrero y han continuado lanzando descalificativos al ejército mexicano al acusar a uno de sus miembros de estar coludido con el crimen organizado y por lo que han exigido que se investigue esta denuncia que está avalada además por pobladores de la región costachiquense.
No será fácil recomponer el entuerto, pero quien lo creó, tiene la obligación de sepultarlo, ponerlo a buen recaudo o simplemente someterlos a la ley que rige nuestro Estado de derecho, que aún y cuando se diga, no es una quimera.
Periodista/Analista Político*
