Federación debe combatir corrupción en Pemex: Erik Juárez
MORELIA, Mich., 8 de agosto de 2013.- El gobierno federal ha determinado que es más sencillo sacrificar el carácter público de la industria petrolera nacional, que acabar con la corrupción con que se ha manejado a Petróleos Mexicanos y que han afectado su operatividad, apuntó el legislador perredista por el Distrito de Puruándiro, Erik Juárez Blanquet.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXII Legislatura local, recordó que en el Informe de Responsabilidad Social, que la propia paraestatal presentó el mes pasado, apenas si obtiene una calificación aprobatoria en Códigos de Ética, Corrupción y Sobornos.
Juárez Blanquet recordó que no son nuevos los escándalos de corrupción en Pemex, y recordó el caso de llamado Pemexgate, en donde los recursos de los trabajadores del Sindicato fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. Otro caso recientemente ventilado, fue la denuncia de la paraestatal Siemens y SK Engineering, a las que acusó de fraude durante el proyecto para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta y que implicaba la participación del entonces director jurídico César Nava.
El legislador de extracción perredista, señaló que su partido defenderá en todo momento se transparente el manejo de los recursos en Pemex, ya que hasta el momento no se tiene claridad sobre la relación de la paraestatal con el sindicato, y financieramente cómo se relacionan.
Rechazó que la iniciativa privada represente la “salvación” en el sector energético del país, “tenemos experiencias en México que demuestran cómo el tema de la corrupción es un cáncer que se presenta en todos los sectores, tanto el público como el privado, basta acordarnos con el caso del Fobaproa, en donde los mexicanos tuvimos que asumir por años el costo del rescate bancario.
“Lo que se necesita son mayores controles y despresurizar a nuestra industria petrolera, que es la que fundamentalmente sostiene al aparato gubernamental mexicano, sin que se le retribuya en infraestructura e inversión por ello”.
