Garantizar los derechos de la niñez requiere 379 mdp
MORELIA, Mich., 16 de julio de 2013.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó por unanimidad tres opiniones de impacto presupuestario respecto a igual número de iniciativas; dos no representan el uso de recursos, mientras que la que expide la Ley General para la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes requiere 379.2 millones de pesos.
Las iniciativas sobre el Código de Procedimientos Penales Único y la Ley que garantiza el Derecho de Réplica, en virtud de que son disposiciones eminentemente normativas, son las que carecen de impacto presupuestario.
En cambio, la que garantiza derechos de infantes y adolescentes demanda recursos por 379.2 millones de pesos, para la creación de cuatro nuevas instituciones públicas que atiendan a esta población.
Durante la VIII reunión ordinaria de la instancia legislativa, presidida por el diputado José Sergio Manzur Quiroga (PRI), se explicó que la iniciativa de la Ley General fue propuesta por los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la cual elaborará un dictamen con la opinión de impacto presupuestario.
La propuesta contempla el establecimiento de un Secretariado Ejecutivo Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con un requerimiento de recursos calculado en 24.1 millones de pesos; así como la creación de Ministerios Públicos Especializados en materia de niños y adolescentes, que implican 106.5 millones de pesos.
Asimismo, el diseño de 90 oficinas especializadas en derechos de la niñez y adolescentes en los juzgados, Tribunales Familiares y Penales de cada distrito, requerirán 228.2 millones de pesos.
También prevé el establecimiento de la Visitaduría General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dentro de la estructura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con un requerimiento presupuestario por 20.3 millones de pesos.
La iniciativa busca garantizar los derechos de esta población a nivel nacional, mediante la emisión de normas jurídicas en los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal-, con el propósito de implementar políticas públicas adecuadas.
Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, respecto a la opinión de impacto presupuestario, explicó que la creación de estas cuatro nuevas instancias públicas demanda recursos difíciles de calcular, ya que sólo una parte de éstos provendría del gobierno federal.
Las demás aportaciones las tendrían que realizar los gobiernos estatales, municipales, el Distrito Federal y sus demarcaciones, a fin de contribuir en la implementación de los Secretariados Estatales, las Visitadurías Estatales y el resto de obligaciones que la iniciativa de Ley General imponga a las administraciones locales.
