Evitará código procesal penal único espacios de impunidad: investigador
Morelia, Mich., 18 de junio de 2013.- “¿Por qué se debate en México la unificación penal? Porque a diferencia de los países de nuestro entorno, en México existen no uno, sino 34 códigos penales, 34 códigos de procedimientos penales, 34 leyes de ejecución de sanciones y un número similar de leyes en materia de justicia para adolescentes”.
De acuerdo a un comunicado de prensa, de esta manera dio inicio la conferencia titulada “La unificación penal en México”, dictada el mediodía de este lunes y por Miguel Ontiveros Alonso, importante investigador y consultor en materia de Derecho penal en nuestro país. Ontiveros, además, es autor del proyecto de nuevo Código Penal que actualmente se revisa en el Congreso del Estado.
El ponente explicó que esta dispersión en el sistema penal mexicano genera problemáticas como el incumplimiento de los instrumentos internacionales en materia penal y derechos humanos, la desprotección o protección desequilibrada de los bienes jurídicos más importantes, una disminución del efecto preventivo del delito que genera un Derecho penal sólido, la ausencia de una política criminal unificada a escala nacional, impunidad en aquellos estados donde no se sanciona determinada conducta como delito, formación diversa en las Universidades de las distintas entidades federativas, capacitación diversa de los operadores jurídicos (policías, peritos, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, jueces, etc.), necesidad de reformas constantes en más de 30 ordenamientos penales y procesales, y un menoscabo a la certeza jurídica y a la predictibilidad de la decisión judicial.
Por ello, la unificación penal, que significa generar un solo código penal y un solo código procesal penal para México, se presenta como una opción muy viable en las circunstancias que actualmente atravesamos como país, afirmó Ontiveros Alonso.
“¿Qué argumentan quienes se oponen a la unificación penal en México? Básicamente tres cosas: primero, que no reconocería las diferencias de cada región del país; segundo, que atentaría contra la autonomía de los estados y el federalismo; y tercero, que cada entidad debe conservar el poder punitivo”, detalló el especialista.
Posteriormente se refirió a las ventajas que ofrecería la unificación penal: sería una extraordinaria oportunidad para armonizar nuestra legislación penal con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y justicia penal; los efectos preventivos generales, en su calidad de fin del derecho penal, se constatarían de forma estandarizada y con la misma fuerza preventiva en todo el país; también, se protegerían de la misma forma y con la misma contundencia los bienes jurídicos de las personas, con independencia de su ubicación geográfica.
Otras ventajas de contar con un solo código penal y un solo código de procedimientos penales serían el sentar las bases de una política criminal unificada en el territorio nacional; se impediría la generación de espacios de impunidad, considerando que las conductas y sanciones serían las mismas en todo el país, con independencia del lugar de comisión del delito; asimismo, la formación materia de justicia penal sería homologada, de tal forma que un egresado de Derecho o un operador jurídico podrían ejercer su profesión en cualquier estado del país y bajo las mismas reglas.
Por último, contar con normatividad penal unificada generaría mayor certeza jurídica y predictibilidad de las decisiones judiciales, con independencia de la región del país en el que se dicte la resolución judicial; se impediría la “improvisación legislativa”, debiendo sujetarse cada reforma a los códigos únicos a un fuerte debate nacional; y, finalmente, redundaría en la concentración de los esfuerzos académicos en materia de Derecho penal.
El Consejo, a lo largo de tres años, ha trabajado arduamente y de manera coordinada con las instituciones involucradas a fin de alcanzar la meta del 3 de febrero de 2014 en las mejores condiciones posibles. En su tercer aniversario, continúa trabajando y abriendo espacios de socialización y sensibilización al público en general, como la conferencia brindada por Miguel Ontiveros Alonso.
El programa de actividades conmemorativas continúa con tres conferencias más: “La investigación en el nuevo sistema penal acusatorio”, de Ibett Estrada Gazga, consultora en materia de Derechos Humanos, sistema de justicia y atención integral a víctimas en el Estado de Chiapas, el martes 18 de junio a las 11:00 horas; “Justicia alternativa”, de Juan Manuel Lobo Niembro, el martes 18 de junio a las 17:00 horas; y “Nuevo sistema acusatorio, cooperación internacional y fase de transición”, de Jorge Alberto Lara Rivera, el miércoles 19 de junio a las 12:00 horas.
Todas las actividades son de entrada libre y gratuita y con sede en el Auditorio del Palacio de Justicia “José María Morelos” (Calzada La Huerta #400, Col. Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán). No es necesario registrarse previamente.
