Cuestionan diputados: Gobernador designa a secretario que tiene abierto
Cuando un funcionario o político es sometido a juicio político y está en proceso su instrumentación, el sujeto no deberá ocupar ninguna posición dentro de la administración pública ni ser sujeto de alguna postulación para convertirse en autoridad o legislador, ya que pesa sobre el individuo una acusación hecha por una institución u organización social debidamente reconocida por nuestra legislación.
Esto viene a colación por la indebida designación que hizo en días pasados el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero a favor de Alberto López Rosas como Secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, cuando el propio mandatario, meses antes, lo destituyó fulminantemente como Procurador General de Justicia del Estado, por su participación en los hechos sangrientos ocurridos el 12 de Diciembre del 2011 donde perecieron dos estudiantes de la normal estatal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien en uso de sus atribuciones y después de investigaciones realizadas sobre lo sucedido, determinó hacer una serie de recomendaciones tanto al gobierno del estado como al Congreso de Guerrero a fin de que se sancionara a quienes violentaron los procedimientos y se violaron flagrantemente los derechos humanos de varias decenas de estudiantes normalistas.
Entre estas recomendaciones está la petición de juicio político de parte del congreso local en contra de los funcionarios estatales, Alberto López Rosas, quien fungía como procurador de justicia y Ramón Almonte Borja quien se desempeñaba como secretario de seguridad pública estatal.
La comisión instructora del Congreso de Guerrero está realizando, según lo dicho por el diputado del Partido Revolucionario Institucional y coordinador de su bancada, Héctor Apreza Patrón, las investigaciones correspondientes y todavía no ha concluido y por ende no se ha dictaminado ni subido a pleno para su discusión y aprobación o rechazo, según sea el caso. Ante esta situación, la bancada prisita hizo pública su posición respecto a la designación de López Rosas como titular de la Secretaría del Trabajo y exhortó al gobernador Aguirre Rivero para que reconsidere y en forma preventiva le retire el nombramiento a fin de que no se violente el debido proceso que debe seguir la legislatura local respecto a este caso específico.
La bancada priista refirió que la designación del titular de la Secretaría del Trabajo hecha por el gobernador Aguirre ‘’desde el punto de vista ético, moral y jurídicamente, es improcedente una designación de esta naturaleza porque en lugar de contribuir a apaciguar y promover la reconciliación de los guerrerenses, viene a echarle gasolina al fuego y creo que en Guerrero no estamos para eso’’, aseveró Apreza Patrón en su perorata.
La opinión pública, desde el mismo viernes 17 cuando se anunciaron los cambios en el gabinete del gobierno estaal, recriminó tal decisión del gobernador Aguirre y lo mínimo que se le señaló fue su ‘’ausencia de sensibilidad política y su respeto al poder legislativo y a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien en retiradas ocasiones ha cuestionado el ‘’tortuguismo’’ con el que ha actuado en esta materia el propio Congreso local. La ciudadanía que recibió la información al respecto se preguntó ‘’que acaso no hay mas personas que puedan ocupar tal cargo’’ o si esto fue ‘’una imposición de los grupos perredistas en el estado’’, lo cual manda un mensaje equivocado a la sociedad sobre la independencia que tiene el mandatario para remover y designar a sus colaboradores.
El exhorto que hacen los legisladores del PRI debe ser atendido por el mandatario estatal si es que no quiere sufrir un revés por parte de los diputados cuando voten el dictamen sobre el juicio político contra los funcionarios cuestionados tanto por la CNDH como por amplias capas de la sociedad guerrerense y la opinión pública que están esperando el resolutivo sobre el caso mencionado.
