Sin complicidades/Julio Castellanos Ramírez

Han pasado poco más de ocho meses desde que por primera vez presenté, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Michoacán, una solicitud de información al Congreso del Estado de Michoacán para conocer la operación y destino de los recursos que el gobierno del estado entregó a los diputados locales para atender necesidades en sus respectivas comunidades.No obstante, los problemas y los acontecimientos que se han enfrentado para, finalmente, tener acceso a la información solicitada no han sido pocos, y en su mayoría han sido difíciles. Sin embargo, al día de hoy, ya fue posible cerciorarnos, en forma verídica y contundente, lo que en un principio se supuso: en no pocos casos, los recursos entregados por el gobierno del estado a algunos diputados locales nunca llegaron a los ciudadanos. De igual forma, ha quedado comprobado que la existencia de programas que operan bajo esta modalidad, erosiona el equilibrio y la independencia de los Poderes Públicos de nuestro estado, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo.De ahí que los recursos que el Ejecutivo puso a disposición de los diputados locales mediante el Programa de Gestión de Infraestructura Social Básica 2009 y 2010 (cada diputado tuvo acceso en promedio a 3.7 millones de pesos para el otorgamiento de apoyos o subsidios en cada año) fue un atentado a los principios de independencia, equilibrio y separación de los poderes públicos de Michoacán. Por otra parte, a partir de la solicitud de información presentada, la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Gobierno del Estado, CEPLADE, hizo entrega de parte de la documentación relacionada con el programa en mención, y de la misma se desprende que existieron diversas irregularidades realizadas por algunos de los diputados locales que ejercieron el programa.Existen casos de algunos michoacanos que se han quejado de manera constante por no haber recibido beneficio alguno de los que se encuentran registrados en la documentación entregada por la CEPLADE. Según manifiestan, les pidieron su credencial de elector o les pidieron que firmaran una petición para recibir algún apoyo o subsidio; no obstante, en ningún momento recibieron el mismo. Incluso existen firmas en los expedientes que contienen diferentes caracteres grafológicos en relación con la firma que aparece en las credenciales de elector de los presuntos beneficiarios.Supuestos apoyos en especie, y subsidios en efectivo, otorgados a ciudadanos para establecer talleres mecánicos, salones de belleza, estéticas, proyectos productivos, toneladas de cemento, y muchos otros bienes más, nunca fueron entregados, pero sí en cambio existen documentos que acreditan que los recursos económicos fueron recibidos por los ciudadanos. Habrá que señalar con toda claridad que no todos los integrantes del Legislativo local incurrieron en estos hechos deleznables, pues algunos también cumplieron al entregar los apoyos y subsidios en forma íntegra a los beneficiarios. Sin embargo, la documentación, las denuncias y los hechos que hasta el momento se han organizado ya en un expediente exigen una investigación detallada por parte de la autoridad facultada constitucionalmente para ello.Por ello, ejerciendo mis derechos como ciudadano, he solicitado la inmediata intervención de la Auditoría Superior de Michoacán, encabezada por la CP. Verónica Esther Mendoza Torres, para que en los términos del artículo 134 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, proceda a investigar los actos u omisiones que pudieren implicar irregularidades en el ingreso, egreso, manejo, custodia, y aplicación de fondos públicos relacionados con el Programa de Gestión de Infraestructura Social Básica, pudiendo efectuar las visitas domiciliarias a los beneficiarios o supuestos beneficiarios para exigir la veracidad de la entrega de recursos, que los diputados locales de la presente legislatura, han afirmado categóricamente haber realizado. Lo anterior, para que en el momento procesal oportuno, se instaure el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables, fincándoseles las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que procedan conforme a la ley.Hay quienes piensan que la Auditoría Superior de Michoacán no es un órgano autónomo y que su actuación depende de los diputados locales, pero esa visión no es correcta, pues, por ley, sus facultades alcanzan a los propios legisladores en su quehacer público. Desde luego que la Auditoría Superior cuenta con el respaldo de los mejores auditores que son los propios ciudadanos, en este caso los afectados por el fraude de que fueron objeto por parte de algunos diputados. Y claro, estos ciudadanos están puestos y dispuestos para que, una vez concluida la investigación por parte de la ASM, avalar las conclusiones respectivas.Estos lamentables acontecimientos, además de resultar desafortunados, ponen en claro dos cosas: en primer lugar, da cuenta de la descomposición de parte importante de la esfera pública de nuestro estado; y, por otra, nos debe impulsar a dar un giro de timón en la dirección del mismo, lo que nos exige no ser cómplices de hechos tan deleznables y vergonzosos como los realizados por quienes habiendo tenido el voto del pueblo, lo defraudaron.