Mejores garantías a los usuarios de la banca

La legislación que regula al Sistema Financiero Mexicano ha sido objeto de varias reformas en los últimos años, a pesar de ello la legislación vigente aún requiere modificaciones de fondo que den mayor certidumbre y garantías a los usuarios de la banca y hagan, en su conjunto, más competitivo a este sistema.En México aún contamos con una brecha muy amplia entre el costo de los servicios bancarios y la calidad de los mismos, lo cual se traduce en una inequidad que afecta a quienes hacen uso de la banca: sea para ahorrar, para invertir o para financiar proyectos.Este desequilibrio se hace evidente cuando comparamos las utilidades que los bancos obtienen año con año en nuestro país con las condiciones y los servicios que éstos ofrecen en el mercado. Ahí está el caso de BBVA Bancomer, el año pasado tuvo utilidades en nuestro país que superaron los 28 mil millones de pesos, lo que representa más del 40 por ciento de las utilidades de BBVA en todo el mundo.Si comparamos las condiciones y garantías que tiene un usuario de la banca en nuestro país con las que tiene un usuario, por ejemplo, en España, podemos encontrar que por mucho las condiciones en aquél país dan mayor certidumbre y son más favorables para el usuario español que las que tiene actualmente el usuario mexicano.Una de las principales razones de lo anterior tiene qué ver con las reglas del juego que existen en nuestro país, plasmadas en la legislación vigente de dicha materia. En la medida en que no modifiquemos las leyes que regulan a la banca en México, el usuario mexicano no podrá acceder a servicios bancarios de mejor calidad y continuará pagando por lo que recibe, un costo muy elevado.Por lo anterior, la semana pasada presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de ley que reforma el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. El propósito de esta iniciativa es mejorar las garantías de los usuarios de este tipo de servicios en México.El estado actual de la legislación es un obstáculo para que la población confíe en los servicios bancarios, y representa una clara afectación a los derechos de los usuarios, ya que vulnera su patrimonio y limita su capacidad de decidir sobre el tiempo que desean mantener sus recursos en una institución sin realizar movimientos, especialmente cuando los recursos depositados son para alcanzar objetivos a largo plazo: educación de los hijos, ahorro para la vejez o imprevistos, por ejemplo.Por ello, propuse ampliar el plazo de 3 a 7 años para que los recursos de las cuentas bancarias sin movimiento pasen a una cuenta concentradora global, y también de 3 a 7 años el periodo para que estos sean traspasados a favor del patrimonio del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.Asimismo, propuse que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, integre un registro público de los clientes que se encuentren en los supuestos previstos a fin de que una sola instancia concentre la información de todas las instituciones de crédito y facilite la consulta por parte de los clientes y, en su caso, familiares. Pero también, para que la misma CONDUSEF avise con oportunidad a los usuarios sobre los efectos que tendría no reclamar sus recursos o, en su caso, no realizar movimiento alguno.Con la aprobación de estas disposiciones se avanzaría en brindar una mayor certeza jurídica a los usuarios de servicios financieros y, a la vez, servirían para fortalecer los fondos de prestaciones para militares retirados y pensionistas, como una forma de reconocerlos por su siempre invaluable labor a favor de los mexicanos.Así pues, la tarea legislativa en materia del sistema Financiero Mexicano debe continuar al tenor de estas ideas para que este tipo de servicios sea de mejor calidad para el usuario mexicano y, paralelamente, se logre reducir su costo