Michoacán, "casi el Paraíso"

Primero. Con un apretado triunfo electoral, Fausto Vallejo, llegó a la gubernatura de Michoacán urgido de recomponer la situación de polarización que había vivido el estado. Las diferencias de percepción y de criterio entre Godoy y Calderón dejaron un saldo negativo para los michoacanos en las más distintos rubros, acaso el más importante fue el económico donde la opinión publicada acusó a Godoy de uso inadecuado de recursos públicos. Lo que habría que preguntarse es por qué no se iniciaron las demandas y denuncias para que, con pruebas en la mano, Godoy fuera desaforado como Senador de la República y procesado y muchos de sus funcionarios estuvieran tras las rejas. En ese contexto, el gobernador Fausto Vallejo tuvo la idea de invitar a Luis Miranda como secretario de finanzas y administración del gobierno del Estado. La apuesta de Vallejo era que Miranda, cercanísimo a Enrique Peña Nieto a quien Vallejo ya advertía como favorito para ganar las elecciones presidenciales, pudiera utilizar sus buenos oficios para mejorar el presupuesto federal para Michoacán aprovechando sus relaciones y experiencia.Segundo. El problema fue que Vallejo sí contrató a Luis Miranda, pero cometió una pequeña gran equivocación. No se trató del cercano colaborador de Peña Nieto, sino de un espontáneo que cayó para arriba. En efecto, el requerido era Luis Miranda Nava, alto funcionario con Montiel y después con Peña Nieto en el Estado de México. El que llegó a Michoacán, empero, fue Luis Miranda Contreras, desconocido en el medio financiero del país y confundido con el político mexiquense. Lo peor del caso es que Miranda Contreras trae bajo el brazo un abultado expediente que lo pinta de cuerpo entero como todo un experto en el ejercicio de la corrupción. De acuerdo al manipulado currículum de Miranda Contreras, su carrera incluye la Dirección de Ingresos del Gobierno de Michoacán donde “generó una mejor recepción y captación de recursos al abrir más cajas y ventanillas de cobro a los contribuyentes en bancos y tiendas departamentales”.(http://www.laregionenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10699&Itemid=965). Luis Miranda Contreras, quien se presentaba como “Contador Público”, y no cuenta con cédula profesional de ningún tipo en la base de datos oficial de la Secretaría de Educación Pública (ver mi texto “En Michoacán, gobierno de impostores”) trabajó en la Dirección de Ingresos, pero como “Administrador de Rentas de Ciudad Hidalgo”, Michoacán, del 2002 al 2006, según consta en el oficio 000/2007 firmado por el Director Administrativo de la Tesorería General del Estado, Francisco Javier Rodríguez Medina. En este modesto municipio de 55 mil habitantes, Miranda Contreras y su equipo fueron acusados de ejercicio indebido de funciones y concusión, según consta en el expediente CEDLDH/MICH/01/0096/20/04/06 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Además de la salida de Miranda Contreras y su equipo, las mejoras en las oficinas administradoras de rentas fueron precisamente derivadas de la recomendación 0114/2006 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para alertar a los ciudadanos y evitar que fueran engañados como lo habían sido en el periodo de Miranda Contreras. Al aceptar la recomendación de la CEDLDH, el Director de Ingresos, Alberto Angulo Latapí solicitó esas medidas de transparencia en el oficio 2030/2006, de fecha 14 de julio de 2006, en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Tercero. Por si lo anterior fuera poco, como resultado de un desconocimiento de la ley, el Gobernador Fausto Vallejo, nombró a Plácido Torres Medina, como Procurador General de justicia con la ratificación del Congreso, quien cuenta con cédula profesional local. No obstante, lo grave es que el Gobernador Vallejo olvidó que la Constitución Política de Michoacán ha sufrido varias reformas, una de ellas es la correspondiente al artículo 77, publicada en el Periódico Oficial el 23 de mayo del 2006, cuyo párrafo segundo establece que: “ (a los magistrados) El Congreso del Estado podrá privarlos de su encargo en cualquier tiempo, cuando… o cuando acepten desempeñar otro empleo o cargo de la Federación, Estados, Municipios o particulares, salvo las actividades no remuneradas de la academia, docencia, investigación o de beneficencia…”. El Lic. Torres es magistrado con licencia y no renunció al cargo, como salida de escape después del término de su encargo como Procurador, lo que la Constitución Michoacana no permite. El nombramiento de Procurador, en suma, es inconstitucional. Por otro lado, el Gobernador designó a la C. Esther García Garibay como Directora General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT). Lo que también olvidó el gobernador es que el COECYT no existe jurídicamente. El 8 de febrero de este año entró en vigor, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (publicada en el Periódico oficial el 7 de febrero del 2012, Tomo CLIII, Número 61, Décima sección), la cual crea el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI). En la ley de referencia se abroga en el décimo artículo transitorio la Ley de Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán que daba vida jurídica al COECYT. De esta suerte, este nombramiento tiene nulidad absoluta. La ley vigente pondera la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. La C. García Garibay no es integrante del SNI de Conacyt http://www.conacyt.gob.mx/SNI/Documents/SNI-investigadores-vigentes-2012.pdf). Tampoco tiene obra alguna registrada en el Depósito legal que por mandato jurídico debe registrarse, de conformidad con el artículo tercero del Decreto sobre el particular publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 23 de Julio de 1991, Tomo CDLIV, NO. 17, pág. 12. ¿Con esas fallas, Vallejo sacará a Michoacán del subdesarrollo con los peores [email protected]@evillanuevamxwww.ernestovillanueva.blogspot.com